La Corte Constitucional determinó a través de un fallo a 13 tutelas que el Congreso de la República debe fortalecer la Agencia Nacional de Tierras, y además adecuar la legislación con la finalidad de superar la inseguridad jurídica, la informalidad en el campo y la excesiva concentración de la propiedad rural.
Las tutelas buscaban la solución para el problema de adjudicación de baldíos. De acuerdo con la Constitución, los bienes baldíos son del Estado y no pueden ser adquiridos por particulares. Sin embargo, la Corte informó que “adoptó medidas tendientes a proteger los derechos de los particulares que, mediante tales procesos, pretendieron la regularización y formalización de la propiedad rural”.
Las acciones judiciales fueron interpuestas por la Agencia Nacional de Tierras contra los juzgados promiscuo de Cocuy, Boyacá; Suesca, Cundinamarca y San Miguel, Santander, que permitieron la entrega de los bienes a campesinos.
Se espera que la Corte emita un comunicado de prensa con los alcances de esta decisión que, podría sentar la hoja de ruta para resolver el problema de la tierra en el país.
