El Congresista David Racero radicó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad con solicitud de suspensión provisional, del Decreto 333 de 6 de abril de 2021, mediante el cual el Presidente Iván Duque, cambió la competencia de los jueces para conocer las tutelas en su contra, y la de todas las entidades en materia de sustitución de cultivos ilícitos y eligió como su juez al Consejo de Estado.
El demandante argumenta que el Decreto limita la presentación de tutelas en contra de los asuntos ya descritos a un solo tribunal, el Consejo de Estado. Y más adelante añade que, “en lugar de promover la desconcentración de la justicia, hace todo lo contrario, al concentrar la competencia de ciertos asuntos en un solo Tribunal y con ellos vulnera el artículo 228 de la Constitución Política. Además, vulnera el derecho de los ciudadanos a acceder a la administración de justicia en condiciones de igualdad, pues crea una relación exclusivamente virtual”
Así mismo, el representante Racero infiere que: “El decreto demandado, incurrió en desviación de poder porque los fines perseguidos con el mismo no son legítimos, lo que realmente persigue es evitar el control ciudadano de las decisiones tomadas desde la Presidencia de la República y el resto de las entidades en materia de erradicación de cultivos de uso ilícito”
El Decreto 333 de 6 de abril de 2021 establece que el Consejo de Estado será el alto tribunal encargado de recibir las tutelas contra el accionar de la Presidencia de la República.
