El defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo, ha pedido a la Fiscalía tomar “medidas urgentes” para proteger a los habitantes de El Salado, una zona rural situada en el municipio de El Carmen de Bolívar, tras haber recibido amenazas de muerte.
Camargo ha enviado un escrito al fiscal General, Francisco Barbosa, en el que también ha solicitado “celeridad” en las investigaciones para dar con los autores de las amenazas que “siembran terror” entre la comunidad de la zona.
“Luego de las amenazas de hoy, nuevamente los líderes y gran parte de la comunidad de El Salado se han reunido alrededor de la estación de Policía del corregimiento para solicitar que se les garantice su seguridad”, ha relatado el defensor del Pueblo en su escrito, en el que ha apuntado que la situación ya ha provocado desplazamientos de los habitantes.
Esta no es la primera vez que la institución a la que representa Camargo actúa frente a amenazas de muerte en El Salado, ya que el 18 de enero demandó que distintas autoridades colombianas acudieran a la zona y entregó un informe sobre los mensajes intimidantes a la Fiscalía.
Las amenazas, que piden no salir a la vía pública después de las 21.00 horas porque no se va “a responder por nadie”, se producen en una región en la que se vivió una de las peores masacres del país en febrero del año 2000.
La situación trae a la memoria un capítulo que atemorizó a la zona y en el que se produjeron escenas sangrientas ejecutadas por grupos de paramilitares que buscaban a guerrilleros para matarlos. En la masacre, fueron asesinadas 66 personas, entre ellos niños.