La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, confirmó la muerte de seis menores de edad en la operación militar efectuada esta semana contra las disidencias de ‘Iván Mordisco’ de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Guaviare, un ataque que se saldó con 19 fallecidos y ha desatado un aluvión de críticas contra las autoridades.

Tras asumir este viernes que habría menores entre los fallecidos, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, tuvo que salir al paso de las denuncias afirmando que fue la operación fue «totalmente legítima» y que «quien se involucra pierde toda protección».

«En este conflicto hay una realidad muy cruda que debemos rechazar: el reclutamiento de menores, es un crimen de guerra», condenó Sánchez, asegurando que la orden de bombardear es siempre la «última opción» que se baraja y que en este caso existía una «amenaza inminente» para un grupo de veinte soldados.

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En su comunicado de este sábado, la Defensoría confirma «el fallecimiento de seis niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado, así como la recuperación de cuatro cuerpos aún sin identificar», en lo que describe como «un hecho profundamente lamentable» antes de recordar que el Derecho Internacional Humanitario establece límites estrictos incluso en el marco de las hostilidades.

«El simple hecho de que en los campamentos de los grupos armados ilegales se encuentren y hayan perdido el estatus de civil y convertido en combatientes, es decir, con funciones continuas de combate, no habilita la posibilidad de un ataque», lamenta la Defensoría.

Sin embargo, también achaca la responsabilidad última de la muerte de los menores de edad en los grupos armados que los reclutan, en este caso las disidencias al mando de alias ‘Iván Mordisco’.

En cualquier caso, la Defensoría simplemente zanja que «odo esto es lamentable» y describe toda la operación como un ejemplo de «la guerra en su despliegue doloroso e inhumano», que siempre acaba alcanzando a los más vulnerables, esto es, «los menores de edad reclutados por la falta de protección y hoy convertidos en objetivos militares».

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En general, ha lamentado el organismo dirigido por Marín Ortiz, «ilustra el lugar degradado de los principios de humanidad, dignidad, necesidad y proporcionalidad» en el que se encuentra ahora mismo Colombia antes de recordar que su misión no es la de «legitimar» actos de guerra, sino la de «rechazarlos para construir la paz».