El director para la Unidad de Víctimas Ramón Rodríguez habla en entrevista para Confidencial Colombia, deja claro que el informe que presentó el CICR no le es extraño, porque según él, en el trabajo previo al documento, participa la entidad en mesas de contrastes y asegura que están dispuestos a analizar las recomendaciones que al respecto hace el organismo internacional.
¿Van a acoger las recomendaciones que hace el CICR en su último informe?
Ramón Rodríguez (R.R.): Con el CICR hemos venido trabajando desde años atrás a través de una mesa de contraste que se reúne cada mes y donde contrastamos los hechos y la información. Esto nos permite revisar la manera en cómo se están atendiendo los temas de desplazamiento y contrastar las cifras, porque pueden existir diferencias entre lo que nos entregan las distintas personerías. Por último, en el informe se hace énfasis en la implementación entre el 2017 y 2018, pero analizando las cifras entre el 2018 y 2019, vemos que disminuyen los hechos victimizantes como el desplazamiento masivo entre un 8% y un 10% y ya para el 2020, existe la preocupación porque mientras en el 2019 se tuvieron 7.646 familias en situación de desplazamiento, en el 2020 ya llevamos 2.247 en solo dos meses. El ministerio del Interior ha activado los comités de alertas tempranas para realizar la evaluación de alertas tempranas y alertas de riesgos en todo el territorio nacional
¿Comparte el informe de las Cruz Roja o tiene reparos?
R.R.: Tenemos la información que maneja el CICR, porque lo discutimos al interior de la mesa de contrastes. En el informe ellos citan información de la Unidad para las Víctimas porque son las cifras que hemos compartido por más de ocho años y esas cifras demuestran lo que ocurre. Como Gobierno somos conscientes y por eso también conocemos cuando hay incremento y cuando hay disminución como en el 2019. La preocupación nuestra es que en el 2020 no se superen las cifras del año anterior.
Sí los organismos internacionales dan este tipo de alertas, es porque algo anda mal. En el mismo sentido se pronunció el Programa para las Naciones Unidas.
R.R.: Son alertas que hacen parte de la gestión. Son informes independientes, nosotros a pesar de que compartimos información respetamos el principio de independencia que tienen el CICR y otros organismos internacionales, pero también nos permiten tomar decisiones como activar todas las estrategias de prevención con el propósito de mitigar desplazamientos masivos en el territorio, compartiendo información primaria que está en los municipios y llegar además con programas de prevención, articulando acciones que pueden generar estrategias que mitiguen estas situaciones complejas.
Esto quiere decir que como director de la Unidad de Víctimas, ¿está dispuesto a acoger estos informes, analizarlos y tomar decisiones frente a las alertas que dan?
R.R.: Lo hemos hecho desde el primer momento y lo haremos cada año. Por eso le decía que no solo hay que ver 2017 – 2018, también hay que mirar el comportamiento del 2018 – 2019, por número de familias y por número de personas. Si uno revisa los porcentajes, se encuentra con que son diferentes. Hay desplazamiento donde hay menos familias, porque son más personas y dependiendo el territorio y también el componente étnico. Cuando son comunidades indígenas, salen menos familias y mucho más número de personas.
Una de las preocupaciones de estos informes es por la presencia de minas antipersonas, ¿se ha descuidado la desactivación de estos artefactos con la ayuda de los reincorporados?
R.R.: El trabajo sigue, lo que sucede es que como son nuevos grupos ilegales, están sembrando nuevamente. En el año 2019, un total de 212 personas declararon este hecho victimizante, de los cuales 78 identificamos que eran de esa vigencia. Es una situación que obliga a que la primera atención sea en salud, luego viene la declaración. Tenemos información de que en el 2020 se han presentado nuevos casos. Estamos prestos a acompañarlos para cuando se presenten a declararlos.
¿Ha tenido la oportunidad de hablar con el señor Leider Palacios a quien le asesinaron a su escolta en la ciudad de Cali?
R.R.: No he hablado con el todavía. Dialogué con el viceministro del Interior, quien me comunicó que están revisando el esquema de seguridad con el ánimo de fortalecerlo y estamos con toda la disposición para brindarle todas las garantías de seguridad y protección.
Este hecho da a entender que la seguridad para los líderes sociales no es tan buena como el Gobierno asegura…
R.R.: Cuando uno revisa, se encuentra con que de los más de 8 mil quinientos esquemas de seguridad, más del 50% son para los líderes sociales. Sabemos que es una gran problemática que se sigue presentando y bajo esa premisa el nuevo director de la UNP está acompañando a las comunidades en Urabá y en todos los territorios. Es un tema muy difícil pero hacemos el mayor esfuerzo desde los territorios.
Las declaraciones de la ministra del Interior cuando comparó los asesinatos de líderes sociales con los asesinatos por robo de celulares, corresponden a lo que piensa el Gobierno Nacional en esta materia o es una salida en falso de la funcionaria
R.R.: Son salidas o interpretaciones que se tienen, pero que no corresponden a lo que piensa el Gobierno Nacional, quien tiene como prioridad, dar acompañamiento a todas las víctimas y generar acciones que prevengan los hechos victimizantes.
FEDEGAN presentó un informe al director de Memoria Histórica y asegura que los ganaderos son víctimas y no victimarios, así las cosas, ¿les cabe una reparación a estos señores?
R.R.: No conocemos el informe, pero estamos prestos a recibirlos. Ya miraremos si es necesario hacer el cruce de la base de datos de víctimas, porque muchos de ellos pueden cumplir con los requisitos que exige la ley 1448. Primero hay que mirar el documento.
