Colombia y el BID firmaron un memorando de entendimiento para suscribir un préstamo por 40 millones de dólares destinados a fortalecer el control público.
El documento lo suscribieron el ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno y el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo.
El empréstito también promoverá la transparencia e integridad de la Procuraduría.
Estos recursos (aprobados por el Directorio Ejecutivo de BID en diciembre del año anterior) se destinarán a apoyar la gestión de la Procuraduría General de la Nación (PGN), un actor clave en el sistema de control del país, ya que es la entidad que vigila la conducta de los servidores públicos, vela por el correcto ejercicio de las funciones administrativas y protege los derechos humanos.
Además, esta entidad tiene otras funciones clave, siendo quien debe cumplir el rol de garante de la transparencia y el acceso a la información, según la legislación nacional.
Órganos de control
“El Gobierno es consciente de la importancia de fortalecer los órganos de control con el fin de adelantar una lucha efectiva contra la corrupción”, aseguró el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, quien destacó que, con estos recursos, la Procuraduría podrá realizar una mejor labor en todo el país a través de sus sedes regionales.
Las grandes expectativas de la ciudadanía por la calidad y eficiencia de los servicios públicos, unidas a crecientes preocupaciones por la corrupción, han puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer la capacidad de los sistemas de control público.
“El contexto de postconflicto que vive Colombia abre una oportunidad única para fortalecer los sistemas de control”, dijo Diego Arisi, Jefe de Equipo del Proyecto en el BID.
“Esto es particularmente importante en los niveles subnacionales de gobierno, donde hay que focalizar la atención en la ejecución de la inversión pública”.
Las innovaciones tecnológicas y las nuevas posibilidades de gestión de la información han cambiado el rol de las entidades que ejercen la función de control en las administraciones públicas. Ahora el enfoque está más orientado a generar, comparar y analizar datos, lo que permite la identificación temprana de riesgos y la realización de tareas preventivas.
Este préstamo con el BID busca mejorar la efectividad de la gestión institucional de la Procuraduría, lo cual logrará a través de una mejor planeación, coordinación y gestión de tecnología; una mejora sustantiva de las capacidades operativas de la PGN a nivel territorial y un fortalecimiento de las herramientas con las que cuenta la entidad, con el fin de promover la integridad, transparencia y participación ciudadana.
