El próximo viernes 1 de noviembre se dará la cita para que los doce miembros del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, elijan su nuevo director, luego de fracasar en la pasada votación donde ninguno de los 30 aspirantes lograra la mayoría requerida para quedarse con el cargo.
A la puja que estaría librando reconocidos políticos del departamento por quedarse con el manejo de la CAS, donde estarían por un lado el gobernador Didier Tavera y por el otro el senador liberal Jaime Durán, el exgobernador Hugo Aguilar, el representante Óscar Villamizar y la exdirectora de la Corporación, Flor María Rangel, se suma una denuncia radicada en la Procuraduría General de la Nación.
En el escrito radicado en el ministerio público, se pide investigar, si es verdad que los señores delegados del ministerio de Medio Ambiente Juan Fernando Philips Bernal y el delegado de la presidencia de la república William Mantilla Orduz, habrían recibido recursos económicos de parte de un senador del Partido Liberal para que se votara por el señor Luis Francisco Olivero Patiño, y como segunda opción por el expersonero de San Gil Farley Parra Rodríguez, esposo de Flor María Rangel, quien estuvo casi tres años en prisión por presunto peculado por apropiación y contratación, sin cumplir el lleno de los requisitos legales, de un contrato suscrito con la Unión Temporal Barrancabermeja en 2011, con el fin de reforestar y aislar varios predios considerados estratégicos en términos ambientales. El monto de estos contratos superan los $3.000 millones..
Confidencial Colombia investigó quien es este senador y todo apunta a que sería el congresista Jaime Durán, a quien se trató de contactar, pero la respuesta de su jefe de prensa, es que no está en el país por estos días.
En cuanto a Parra Rodríguez, según la denuncia, sería una ficha que estaría moviendo el representante a la Cámara Oscar Villamizar a través del señor Juan Fernando Philips Bernal, quien sería cercano al congresista.
El parlamentario le respondió a Confidencial Colombia que no conoce al señor Philips Bernal, ni sabe quién es, y que le parece bastante curioso que esta denuncia la hagan después de las elecciones locales. Aseguró además no estar interesado en la CAS.
No es la primera vez que la elección de los directivos de la CAR – Santander se ve envuelta en escándalos por posibles irregularidades. En febrero de 2019, una Red de Veedurías en el municipio de San Gil, denunció un posible constreñimiento a los alcaldes de la región más opcionados para ocupar la mesa directiva, para que estos a su vez, supuestamente pudieran, más adelante, decidir con su voto el nombre del director de la CAS.
La queja fue radicada en la oficina del entonces personero Farley Parra Rodríguez, quien de inmediato le dio traslado a la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación, al considerar que no tenía competencia para adelantar la investigación.
¿Por qué tanto interés en la CAS?
La CAS maneja un presupuesto anual que se acerca a los $25 mil millones y tiene jurisdicción en 74 de los 87 municipios del departamento (los otros 13 los maneja la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb). Dentro de sus funciones está entregar licencias ambientales, cambiar el uso de los suelos y entregar permisos para todo tipo de actividades que impacten el medio ambiente.
Nota del editor:
Con el ánimo de proteger la identidad del denunciante, Confidencial Colombia se abstiene de publicar el documento completo.
