El representante a la Cámara por Bogotá del Partido Farc, Sergio Marín, denunció este jueves que el Gobierno del presidente Iván Duque eliminó varias oficinas del Estado que tenían incidencia directa en la implementación del Acuerdo Final de Paz.
La denuncia de Marín esta sustentada en la firma del decreto 179 de 2019, por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE, el cual fue firmado por el presidente Duque el pasado 8 de febrero.
#Denuncia?
— SERGIO MARÍN (@Sergio_FARC) 14 de febrero de 2019
El 8/Feb, @IvanDuque firmó el decreto 179 de 2019,previendo la visita que tendría a @realDonaldTrump.
Este decreto está enfocado en recortes o modificaciones que inciden de forma negativa en el desarrollo de la implementación el Acuerdo Final de Paz. #SiganElHilo ? pic.twitter.com/WzS3VuATnE
Revisamos el Decreto y en efecto, entre los considerandos, el Gobierno señala la necesidad de modificar la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia, “con el fin de armonizarla con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad 2018 – 2022”.
Sin embargo, el representante Marín denuncia que “el decreto elimina la Alta Consejería para el Posconflicto, creada mediante Decreto 672 de 2017 y que tenía entre sus objetivos asesorar, promover y articular a las diferentes entidades del Estado con el fin de llevar a buen puerto la implementación del Acuerdo Final”.
Además, Marín señala que en medio de la reestructuración se elminaron también otras dependencias claves como la Dirección para el Posconflicto, la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, la Dirección para la Acción Integral contra las Minas y la Dirección de inversión privada para el posconflicto.
2) Se eliminan dependencias como la “Dirección para el Posconflicto”, la “Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, la “Dirección para la Acción Integral contra las Minas” y la “Dirección de inversión privada para el posconflicto”. pic.twitter.com/TL0AkbqHFy
— SERGIO MARÍN (@Sergio_FARC) 14 de febrero de 2019
La respuesta del Gobierno
El ejecutivo respondió a las críticas, argumentando que no es un “golpe a la paz sino un cambio de enfoque”
“Esta no fue una decisión repentina. Esta es una decisión que ya se había anunciado en el documento de política del presidente Duque de Paz con Legalidad. Ahí se contó el enfoque que el presidente entiende que debemos darles a los varios frentes de implementación (de los acuerdos). En particular el que tiene que ver con las varias zonas más afectadas por la violencia y la pobreza, para desarrollar actividades articuladas, estabilizar esos territorios y cerrar las brechas con otras partes del país”, señala el Alto Consejero para el posconflicto, Emilio Archila, en una declaración citada por el diario Publimetro.
Según un parágrafo del decreto que generó molestia en varios sectores, “las referencias que se hagan a la Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad y a la Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto se entenderán realizadas a la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación”.
