Camilo Araque, quien actuó como abogado de la parte demandante en la Acción Popular interpuesta por la construcción de la urbanización Fontanar del Río A-1, etapa VIII, llevada a cabo por la Constructora Praga, en la que aparecen como socios dos cuñados y un concuñado del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, que afectó parte del humedal la Conejera, como lo determinó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en primera instancia, habla en entrevista para Confidencial Confidencial y explica los alcances del fallo, advirtiendo que cualquier determinación que pueda tomarse, podría afectar proyectos similares como el de la Reserva Tomas Van Der Hammen.
Hay un primer fallo que otorga la razón a quienes denunciaron la construcción de la urbanización Fontanar del Río A-1, porque afectó parte del humedal la Conejera, ¿Qué sigue ahora?
Camilo Araque (CA): Hay un fallo que otorga la razón a la Acción Popular. El trámite correspondiente según la ley 472 de 1998, es resolver el recurso de apelación que se interpuso contra la sentencia de julio de 2019, y será el Consejo de Estado quien deberá resolver en segunda instancia, revocando o confirmando según su criterio jurídico.
¿Eso quiere decir que por el momento la obra continua?
CA: Debo dejar claro una cosa, desde que se interpuso la demanda en el año 2015 se adoptó una medida cautelar suspendiendo parte de la obra, más exactamente, lo que corresponde a la invasión al humedal la Conejera. Es necesario dejar claro que nunca se ha permitido que se interfiera dentro del área protegida de la reserva ambiental, lo que no significa que la construcción se deba detener en su totalidad, la parte que no genera riesgo no tiene ningún problema en llevarse a cabo.
¿Cómo entender que solo una parte de la construcción se hace de manera ilegal, si la licencia que se otorga cobija a todo el proyecto, no solo a una parte?
CA: La sentencia considera que la licencia y los actos administrativos que conceden permisos para la construcción, son contrarios a derecho. No puede darse lugar a concesiones de derechos de construcción urbanísticos que violen los terrenos de un humedal porque son áreas protegidas y que no pueden ser desconocidas por las entidades de orden público. Es esta la razón por la que se ordena que se inicie el análisis correspondiente para determinar si el trámite se hizo de manera adecuada. Una Acción Popular no puede ordenar que se detengan proyectos como estos.
¿Qué podría ocurrir si se demuestra que la licencia de construcción de expidió pasando por encima de la norma?
CA: habría lugar a que se revoquen los actos administrativos por la Administración como tal, quien lo puede hacer teniendo en cuenta temas como el medio ambiente y demás derechos que se desprenden de ese postulado.
¿Si esto último llegase a suceder, cabría entonces una investigación al exalcalde Petro que determinara su hubo alguna influencia de parte suya, teniendo en cuenta la relación familiar que existe entre los socios de la constructora y él?
CA: Uno de los efectos que esto traería es una investigación que determine si hubo alguna participación de Gustavo Petro en el trámite de la licencia. Recordemos que esto sucedió en el momento en que ocupaba el cargo de Alcalde de Bogotá.
Explíquenos el porque se declara al humedal La Conejera como sujeto de derechos.
CA: Tiene origen en una sentencia del Consejo de Estado que le concede la titularidad de derechos a los animales y desde esa misma lógica la Corte Constitucional concede titularidad de derechos a ríos como el Amazonas y reservas ambientales como el Humedal La Conejera.
¿Qué repercusión puede tener la declaración del Humedal La Conejera como sujeto de derechos para proyectos que cursan su trámite como el que se planea en la Reserva Tomas Van Der Hammen?
CA: En virtud del principio de igualdad todas las reservas ambientales deben ser medidas bajo el mismo rasero. No puede ser que el Humedal La Conejera, si, pero la Reserva Tomas Van Der Hammen, no. Ese es uno de los efectos bien claros si se llega a confirmar la sentencia.
