Foto: tomada de Twitter.

La Fiscalía General de la Nación emitió este viernes una orden para que Juan Fernando Petro Urrego, hermano del presidente Gustavo Petro, haga presencia ante ese organismo investigador y mediante declaración juramentada responda preguntas frente a las denuncias de presuntos pagos de narcos para que fueran nombrados como “voceros de paz”, en el marco de la política que impulsa el actual gobierno de “Paz total”.

De acuerdo con el ente investigado «El día sábado 28 de enero de 2023 se hizo apertura de noticia criminal de oficio con base en un informe presentado por la Sección de Análisis Criminal (SAC) del CTI».

También menciona el comunicado que el 30 de enero de 2023 un fiscal especializado adscrito al CTI expidió órdenes a Policía Judicial para obtener declaraciones juradas. Ese mismo día se hizo la primera citación a dos correos electrónicos que aparecen registrados a nombre del señor Juan Fernando Petro Urrego, a la fecha no se ha obtenido respuesta.

Además informa la Fiscalía que «entre el 30 enero y el 3 febrero se realizaron continuas llamadas a tres números de celular del señor Juan Fernando Petro Urrego para concertar con él su declaración, pero no fueron atendidas las llamadas».

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Ratifica el organismo que el «3 de febrero se hizo la segunda citación al señor Juan Fernando Petro Urrego para que asista el próximo 7 de febrero de 2023 y entregue su declaración juramentada», enfatizó la Fiscalía.

Finalmente el comunicado asegura: «La Fiscalía General de la Nación reitera su compromiso de indagar posibles actos ilegales en el marco de la Paz Total».

Es importante mencionar que en la campaña del Presidente Gustavo Petro,  siendo los primeros días del mes de abril de 2022, se conoció del ingreso de Juan Fernando Petro a la cárcel de la Picota en Bogotá y se señaló que se habría reunido con algunos políticos presos con el objetivo de concertar un supuesto “perdón social”.

Uno de los encuentros  fue con Iván Moreno Rojas, hermano del exalcalde Samuel Moreno Rojas, condenados por el “carrusel de la contratación”, y de acuerdo a lo que se conoció en su momento estarían buscando un “perdón social  que podría incluir a varios pesos pesados de la política presos en ese centro carcelario.

En la última semana de enero también se denunció que dentro de los “voceros de paz” que han sido designados por el Gobierno,  se han encontrado algunos narcos, que supuestamente pagaron millonarias sumas para ser incluidos en este proceso de “paz total”.