En la reciente plenaria del Senado de la República, convocada por la oposición con el ánimo de dar aprobación en segundo debate a la ratificación del Acuerdo de Escazú, diferentes gremios expresaron sus opiniones, explicando los motivos por los cuales no compartían la idea de que Colombia confirme su intención de acoger esta serie de medidas.

Para el Consejo Gremial por ejemplo, no es necesaria la ratificación de dicho acuerdo, en primer lugar porque cuenta con una amplia y rigurosa normatividad de orden constitucional y legal al respecto, y ha suscrito tratados internacionales que tienen que ver con la defensa y protección de los Derechos Humanos y en especial la de los líderes sociales y ambientales.

Para el gremio empresarial es de vital importancia que el Estado Colombiano fortalezca las instituciones encargadas de la defensa y protección de los mismos, garantizando los recursos económicos necesarios para el cumplimiento de este mandato Constitucional.

Consideran además que Colombia cuenta con un amplio sistema normativo de participación ciudadana y acceso a la información, que siendo susceptibles de mejora, no requieren de un tratado internacional que contempla mecanismos poco convenientes al respecto.

Para la organización,  es preocupante que el Acuerdo de Escazú les obligue a las entidades públicas a revelar información confidencial de las actividades y proyectos en trámite, lo mismo que  a los actores privados, particulares o sociedades, quienes deberán entregar información confidencial de sus operaciones, violando principios fundamentales y de competencia, en una intromisión indebida en la esfera privada.

El Consejo Gremial ha pedido en varias ocasiones al Congreso de la República, la no ratificación de dicho acuerdo y en cambio y abrir un espacio de diálogo y análisis con distintos sectores, incluido el sector productivo, en el que se analicen los beneficios y riesgos del mismo, la normatividad con la que cuenta el país en los asuntos que incluye el tratado, y el riesgo de que se entregue parte de soberanía ambiental a organizaciones y organismos internacionales.