La Fundación Ideas para la Paz y la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (FESCOL), reunió a 11 expertos en Policía y seguridad para examinar cómo opera la supervisión y el control civil de la Fuerza Pública, con el propósito de analizar por qué es tan difícil impulsar reformas significativas en el sector seguridad, a pesar de los múltiples cuestionamientos y escándalos y además, identificar los factores que facilitan u obstaculizan la supervisión y el control.
El informe llama principalmente la atención sobre la necesidad de que las autoridades civiles ejerzan un liderazgo que permita hacer un ajuste institucional amplio, que abarque cambios en diversas entidades y que facilite la armonización de las responsabilidades en materia de seguridad.
El grupo de expertos analizó el papel de los procesos de formación, tanto de los civiles como de los uniformados del sector y encontró que es necesario que unos y otros tengan acceso a mayores oportunidades de educación y que los civiles participen activamente en la educación policial y del sector de la seguridad.
“La Policía no funciona en el vacío. Sus resultados son el producto de la orientación de sus dirigentes, de la interdependencia que existe con otras entidades y de lo que esperan sectores de la sociedad”, dice Miguel La Rota del Laboratorio de Justicia y Política Criminal e integrante del grupo.
Los expertos proponen que la Presidencia de la República y el Congreso lideren un amplio consenso institucional, político y social que permita atender los asuntos técnicos y organizacionales necesarios para mejorar los servicios que presta la Policía.
“Para lograrlo se requiere de un liderazgo civil, capacitado y con compromiso político, capaz de fortalecer la gobernanza de la seguridad. Esta es la fórmula para que la Policía logre transformaciones significativas”, agrega María Victoria Llorente, directora de la Fundación ideas para la Paz
Así mismo considera que es necesario realizar ajustes en la estructura del Estado para que todas las autoridades que deben direccionar, contribuir con la seguridad ciudadana y ejercer control, cuenten con las capacidades que requieren. Esto incluye fortalecer a los organismos de control, a los operadores judiciales y al Congreso.
Este grupo de análisis encontró que los abusos y errores que comete la Policía no son eventos aislados. Para ellos, “existe un sistema institucional y social, adentro y afuera de la Policía, que ofrece las condiciones para que estos hechos sucedan cómo: mecanismos disciplinarios disfuncionales; organismos de control sin capacidades ni interés; un sistema de hegemonía masculina complejo; procesos formativos deficientes, arcaicos y poco pragmáticos acentuados por la brecha formativa entre oficiales, suboficiales y bachilleres; y una sociedad civil que aplaude la mano dura, entre otros factores que hay que corregir”.
Otro asunto que para los analistas no está bien, es que el Gobierno Nacional y los mandatarios locales dependan de los resultados que produzcan los uniformados de la Policía en materia de seguridad ciudadana y que estos deban atender múltiples problemas que desbordan sus capacidad operativa.
Llaman la atención los Centros de Traslado por Protección (CTP) de Bogotá. A estas instalaciones —que deben ser provistas por las alcaldías, tal como lo establece el Código Nacional de Convivencia y Seguridad – la Policía traslada a las personas en circunstancias establecidas de manera taxativa, con el objeto de garantizar su protección o la de terceros. Sin embargo, son lugares manejados por la Policía y no por la alcaldía, cuando el deber de la primera es solamente el traslado. En este caso la alcaldía, responsable de administrar la instalación, cede no solo el manejo del sitio, sino también su obligación de proteger y garantizar los derechos de la ciudadanía. Por eso no basta con expedir protocolos, para estos analistas, “las alcaldías deben vigilar que se cumplan y que se respeten los derechos de las personas trasladadas”.
