Veintiún militares del Ejército de Colombia y un civil han reconocido este viernes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su responsabilidad en 247 ejecuciones extrajudiciales, dentro del caso 03, que investiga los ‘falsos positivos’, asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate.
Ante la JEP han sido 22 de los 26 procesos los que han reconocido su participación en al menos 120 ejecuciones extrajudiciales en la Región del Catatumbo y otras 127 en la del Caribe.
El militar de más alto rango en el proceso es el general Paulino Coronado, seguido de once oficiales, seis suboficiales, tres soldados rasos y un civil. Entre esos cuatro que no han aceptado los hechos están los coroneles Juan Carlos Figueroa y Publio Hernán Mejía, este último precandidato a las presidenciales de 2022.
Su expediente ha sido remitido a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, que evaluará las evidencias para someterles a un posible juicio. En caso de ser hallados culpables podrían enfrentarse a penas de hasta veinte años de cárcel.
En julio de este año, la JEP señaló por primera vez que los ‘falsos positivos’ han sido resultado de una política de Estado con la que se animó al Ejército a presentar bajas en combate a cambio de ascensos, permisos y remuneraciones. Estos incentivos provocaron, según el recuento de la JEP, el asesinato entre 2002 y 2008 de 6.402 personas, todos ellos campesinos, población indígena y líderes sociales a los que se hicieron pasar por guerrilleros.
