Más de 400 defensores de los Derechos Humanos han sido asesinados en Colombia desde el año 2016, pero el Gobierno de Colombia parece centrarse más en “elaborar discursos” que en adoptar medidas que tengan impacto, ha denunciado la ONG Human Rights Watch (HRW), que ha repasado la escalada de violencia contra los activistas durante este último lustro.
La organización ha entrevistado a más de 130 personas y ha consultado documentos oficiales para elaborar un amplio informe que lleva por nombre ‘Líderes desprotegidos y comunidades indefensas: Asesinatos de defensores de derechos humanos en zonas remotas de Colombia’ y que evidencia que la paz firmada con las FARC no ha aplacado las tensiones.
Colombia acumula los peores datos de asesinatos de activistas de toda la región, pero el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, cree que la respuesta del Gobierno es insuficiente. Así, al margen de los discursos políticos, ha subrayado que “la mayoría de los programas gubernamentales para prevenir estos asesinatos apenas funcionan o tienen graves deficiencias”.
“A menos que el Gobierno tome medidas eficaces, es probable que muchos más defensores de Derechos Humanos sean asesinados en Colombia y, en consecuencia, que cientos de comunidades vulnerables queden aún más indefensas”, ha advertido Vivanco.
Parte de los crímenes se atribuye a los grupos surgidos como disidencia de las FARC tras la firma del acuerdo de paz, pero HRW ha apuntado a que la violencia obedece a distintas dinámicas en función de la región, de tal forma que en el norte del Cauca se han registrado asesinatos contra indígenas que se oponen a la presencia de bandas armadas y el narcotráfico.
“Tienen armas, carros, dinero, tienen todo para hacernos la guerra”, mientras que “nosotros solo tenemos nuestros bastones de mando que simbolizan nuestra autoridad, nuestra resistencia pacífica y la defensa que hacemos de nuestro territorio”, cuenta un líder indígena a HRW.
En Tumaco, estos grupos han perpetrado asesinatos como represalia por desobedecer órdenes o por colaborar con el Ejército, pero también por defender la sustitución de los cultivos de coca –materia prima clave para la cocaína– por otros dedicados a la alimentación.
Mala implementación de las políticas
HRW ha incidido en que Colombia dispone ya de políticas, mecanismos y leyes encaminados a la protección de los defensores de lo Derechos Humanos, pero “su implementación a menudo ha sido pobre”.
Así, cuestiona el alcance real de iniciativas como la Unidad Nacional de Protección, dependiente del Ministerio del Interior, o el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, en este caso no por los avisos en sí, sino por que las autoridades nacionales, departamentales y municipales no suelen responder a ellos.
La ONG también echa en falta que se convoque de forma periódica la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que se ocupa de diseñar políticas para desmantelar a los grupos, y que no haya mayores esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas –en parte por falta de personal–. Desde 2016, solo se han logrado 59 condenas por asesinatos de defensores de Derechos Humanos.
Entre las recomendaciones de HRW figura, además, un llamamiento para que se apliquen política efectivas para prevenir los asesinatos y proteger los derechos de los colectivos vulnerables, teniendo en cuenta cuestiones de tipo étnico, género, raza y otras características que pueden influir en riesgos y necesidades.
