La bancada del senado del Partido Liberal presentó a consideración del legislativo un proyecto de reforma política que iniciará su discusión en este período de sesiones ordinarias.
El proyecto busca que la elección popular de cargos y corporaciones públicas, sean financiadas preponderantemente con recursos estatales y que el Estado garantice el funcionamiento del servicio público y gratuito de transporte el día de las elecciones.
La iniciativa obliga a los partidos políticos a movimientos y candidatos a rendir públicamente cuentas sobre el origen, cuantía y destino de los ingresos y les prohíbe recibir financiación para campañas electorales, de personas naturales o jurídicas extranjeras.
Propone también que las listas a elección de corporaciones públicas (senado, cámara, concejo, asambleas y JAL), se hagan alternando entre el sistema de la lista cerrada bloqueada y el sistema del voto preferente. Para cada corporación se realizará una (1) elección bajo el sistema de la lista cerrada bloqueada y una (1) elección bajo sistema del voto preferente, de manera sucesiva.
Si el proyecto es aprobado, se crearía un Tribunal Electoral que haría parte de la jurisdicción contencioso administrativa y estará integrado por siete (7) magistrados elegidos mediante concurso de méritos.
A este Tribunal Electoral le corresponderá actuar como juez de primera instancia para:
- Decidir la revocatoria de la inscripción de candidatos a corporaciones públicas o cargos de elección popular, cuando exista plena prueba de que aquellos están incursos en causal de inhabilidad prevista en la Constitución y la Ley. En ningún caso podrá declarar la elección de dichos candidatos.
- Decidir sobre las demandas de nulidad de las elecciones, con excepción de las de elección de los aforados constitucionales.
- Por solicitud del Consejo Nacional Electoral, declarar la pérdida y suspensión de la personería jurídica y la privación del derecho a presentar candidatos en una circunscripción a los partidos y movimientos políticos.
