Politiquería y corrupción, ahora en versión naranja

Bucaramanga se quedó sin su Sacúdete. La mejora de parques, incluyendo polideportivos techados para que generen actividad colectiva, “espacios lúdicos, culturales y deportivos que fortalecen el tejido social y aportan a la seguridad y convivencia ciudadana en los territorios” es la estrategia Centros de Integración Ciudadana Sacúdete-CIC que el Gobierno señaló como “el antídoto contra la violencia en Colombia”. Los municipios acuden al Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecon, presentan su proyecto y cumplen con unos requisitos para acceder al dinero para hacer la obra. Lo que pasa es que tales requisitos también incluyen fidelidad política y ahí todo el cuento se tuerce. Como el alcalde de Bucaramanga no aceptó los requisitos se quedó sin su Sacúdete.

El fondo es administrado por el ministerio del Interior. Fue creado en 1997 con el objeto de “recaudar y canalizar recursos tendientes a propiciar la seguridad y convivencia ciudadana para garantizar la preservación del orden público y todas aquellas acciones tendientes a fortalecer la gobernabilidad local y el fortalecimiento territorial”. Desde el gobierno Santos ha sido usado para dar recursos para polideportivos y de paso “mantener aceitada la coalición santista” como lo descifró la Silla Vacía en su investigación de 2017.

Tanto que este Gobierno ha criticado al anterior, pero de las cosas malas no hay queja. Ahora siguen exactamente en la misma línea. Para que un Alcalde pueda tener los recursos para un Sacúdete, tiene que cumplir con los requisitos técnicos, y que lo avale el MinInterior. Este aval está condicionado a los “afectos” del Gobierno. Y para lograr estos afectos debe ir “gestionado” por un congresista que debe ser de la cuerda del Gobierno o volverse de la cuerda si no lo es pero quiere participar. Para que todo “funcione bien”, el congresista “gestionador” lleva de una vez su contratista para que el Alcalde lo seleccione a través de un proceso con pliego sastre y que quede como proponente único. Y así cierran el negocio, asegurando recursos para los que participan en todo el proceso y para el Sacúdete.

El MinInterior dice enfáticamente que no es así, que toda la asignación obedece al cumplimiento de los requisitos técnicos, pero la nueva investigación de la Silla Vacía demuestra que la mayoría de los proyectos aprobados fueron acompañados por su congresista “gestionador”. Es decir, como siempre, nos dicen lo que no es cierto, a voz en cuello, ¡eso sí! Lo mismo que al inicio de su mandato el Presidente prometía, también enfáticamente, que no iba a “enmermelar” a los congresistas.

El problema no solo es que se roben parte de los recursos. El afán de un proyecto de uno de estos polideportivos, en estas condiciones, no es el proyecto sino el contrato para poder hacer de las suyas. Por lo tanto no sorprende que tengan problemas de planeación. “Las obras para el bienestar de los jóvenes hayan salido más caras y se hayan demorado más de lo previsto” concluyen en la misma investigación. Se puede prever fácilmente que su calidad no será la mejor ni la indicada.

Una verdadera orquestación para la corrupción. Con años de experiencia en muchos gobiernos atrás, que aprenden con facilidad los nuevos. O bueno, para no ser ingenuos, es que ya saben “cómo es la vuelta” y por eso se desviven por ser politiqueros y gobernantes.

Si se tiene en cuenta toda esta tramoya y que solo el 20% de los proyectos ha sido destinado a los municipios priorizados para PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial priorizados en el Acuerdo de la Habana) y el 99% a municipios con pobreza por encima de la media nacional de pobreza multidimensional del DANE, de poco servirá el antídoto contra la violencia porque los criterios para aplicar sus dosis no tienen en cuenta la violencia precisamente (datos de la misma fuente).

Pero la estrategia del Gobierno y congresistas afines va más allá y agrava el problema (para los colombianos, no para ellos): acaban de aprobar en el Senado el artículo 125 que modificaría el parágrafo del artículo 38 de la Ley de Garantías sobre los famosos convenios interadministrativos. Los politiqueros siempre buscan el argumento loable para que en esta tierra de tontos, todos ejerzamos con excelencia. Esta vez se trata de la reactivación económica: se permite que “la Nación con las entidades territoriales puedan celebrar convenios interadministrativos para ejecutar programas y proyectos correspondientes al presupuesto general de la Nación” sin observar la Ley de Garantías establecida para impedir que haya manipulación de las elecciones con favores, puestos y contratos en los meses inmediatamente anteriores a las votaciones, que estando en Colombia no necesita mayor explicación. Plata que muy probablemente se usará para alinear a los políticos y mandatarios en las regiones para que se pongan a trabajar en los votos para mantener el poder, incluyendo por supuesto, la sabida compra de votos a través de los dineros que los contratistas aliados de la banda reciben de más en los precios inflados de los proyectos. Por si las dudas consúltese Ñoño y Ñeñe para ver el alcance de estas mafias.

Hay que repetirlo, no es exclusivo de este Gobierno. Todos los anteriores lo han hecho. Con parques, polideportivos, carreteras principales, carreteras terciarias, y quien sabe qué mas programas y estrategias, todos anunciados como salvadores para la patria. La realidad muestra que no avanzamos mucho y que tenemos un país muy lamentable. Los politiqueros dirigentes que hemos tenido son los principales implicados a través del contubernio entre el ejecutivo y el legislativo. Lo hemos resaltado varias veces: la no independencia de los poderes es un potente generador de corrupción.

Pero la real causa del problema es el electorado. Nos cogen de tontos porque saben que actuamos como tontos. Si no lo fuéramos no podrían perpetuarse en el poder. Cada vez que viene una elección vuelven con sus promesas, con sus maquinarias electoreras y con dinero, y el electorado vuelve y cae. Lo increíble es que los más ilustrados vuelven y votan por los mismos aun teniendo la información de sus escándalos, incumplimientos y torpezas, al igual que los menos ilustrados, que no están enterados de nada pero que sí siguen viviendo mal, en pobreza, con desesperanza, pero que venden su voto a un “mejor postor” por una poquita platica.

Si Usted, amable lector, como yo, no participamos en nada de esta podredumbre, no es real excluirnos: si el país hiede a corrupción, con ello también hedemos nosotros. Por nuestro contexto abrumador y también por razones culturales tenemos tolerancia con la corrupción. Y esa es la mayor causa de que tengamos simultáneamente el privilegio de tener un país rico pero habitado por gente mayoritariamente pobre, sin mayores esperanzas de bienestar y prosperidad. Y aunque la corrupción no es exclusiva del sector público, los políticos sí nos han prostituido las instituciones del Estado robándole a los colombianos su futuro.

Hay que tomar una posición más activa y no ser simplemente espectadores y criticar repetidamente lo obvio. Hay que influir en el círculo personal para rechazar a todo quien comulgue, no solo por acción sino también por omisión, con la corrupción y específicamente a todo quien participe en estos contratos amañados en cualquiera de sus aspectos, en el uso de esos dineros corruptos en las campañas y en la compra de votos. Hay que denunciar y excluir de nuestras amistades a esos que nos privan de tener una patria próspera.

@refonsecaz – Ingeniero, Consultor en Competitividad.

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