La Fiscalía ha retirado la petición de cargos contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, en el marco del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay a principios de junio de 2025 en la capital del país, Bogotá, tras el que fue denunciado por presuntamente haber rechazado la petición de protección del político en reiteradas ocasiones.

La fiscal 295 de la Unidad de Administración Pública ha justificado su decisión al considerar que «esta investigación debe ser asumida por los despachos competentes (…) con la finalidad de evitar posibles nulidades y especialmente concentrar las diligencias de una forma eficiente dada la naturaleza de los hechos investigados y su relevancia».

En el documento, difundido en redes sociales, el organismo ha aludido asimismo a la creación, el 11 de junio de 2025, del «Grupo de Tareas Especiales para la Investigación y Judicialización dentro de las noticias criminales (…) y demás hechos relacionados con el atentado realizado en contra del senador Miguel Uribe Turbay», por lo que ha perdido la competencia para evaluar el caso.

Pese a la medida, la investigación no está cerrada y será el citado grupo el que se encargue de valorar si imputa a Rodríguez por un delito de prevaricación por omisión. El caso surge a raíz de una denuncia interpuesta por la familia de Uribe, Víctor Mosquera, contra el director de la UNP por no haber atendido hasta 23 peticiones del senador conservador y precandidato presidencial para reforzar su seguridad, antes de ser asesinado el 7 de junio.

El bufete de Mosquera ha manifestado su «preocupación» ante la decisión de la Fiscalía, en un comunicado en el que, sin embargo, ha señalado que «entendemos que se quiere preservar la prevalencia del estricto derecho para evitar nulidades futuras». «Confiamos en la articulación urgente, oportuna y eficaz entre el Grupo de Tareas Especiales y la Fiscalía 295 (y) en la capacidad técnica y la responsabilidad institucional del Grupo de Tareas Especiales conformado para el esclarecimiento integral de los hechos», ha agregado antes de incidir en la necesidad de que el Ministerio Público fije en un «corto plazo una nueva fecha para la formulación de imputación, garantizando coherencia, continuidad investigativa y respeto por los derechos de las victimas».

Las autoridades colombianas han detenido hasta el momento a nueve personas por el magnicidio de Uribe, incluido el menor de 15 años que disparó contra el político, que murió el 11 de agosto tras permanecer dos meses hospitalizado en estado grave, conmocionando a todo el país.

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