Las protestas contra las políticas económicas y sociales del presidente Iván Duque se reactivarán con mayor intensidad en el 2020 por la negativa del gobierno a iniciar una negociación con las organizaciones sociales que a finales de enero definirán su agenda de movilizaciones y huelgas, dijo un líder sindical.
Sin embargo, para el martes de la próxima semana está convocado un “cacerolazo”, además de algunas concentraciones y marchas como preámbulo a jornadas de protestas más amplias como parte de un cronograma que se definirá el 30 y 31 de enero.
“Yo creo que (las protestas) van a ser más duras. Cuando decimos duras son movilizaciones y paros alejados de cualquier intento de violencia. La primera acción fuerte, así tipo 21 de noviembre, con un ejercicio similar, va a ser en el mes de marzo”, dijo a Reuters el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Diógenes Orjuela, el jueves en la noche.
“Nosotros tenemos claro que es tan a fondo la contradicción con el modelo y con el gobierno, es tanto lo que hay acumulado de 25, 28 años de neoliberalismo, que la discusión sí va a ser muy dura”, explicó el sindicalista que hace parte del Comité Nacional de Paro.
Los líderes de las protestas presentaron inicialmente 13 demandas con un amplio abanico de temas, que incluyen acciones para frenar los asesinatos de activistas sociales, la implementación del acuerdo de paz con la desmovilizada guerrilla de las FARC y la disolución de un escuadrón antidisturbios de la policía al que acusan de excesos durante las manifestaciones.
La muerte del joven manifestante Dilan Cruz, herido por un proyectil disparado por la policía antidisturbios, se convirtió en un símbolo de las protestas. La Procuraduría General prohibió a la policía usar el arma que causó la muerte a Cruz.
Los manifestantes también se oponen a una reforma tributaria aprobada en diciembre que reduce los impuestos a las empresas, mientras que rechazan planes para aumentar la edad para acceder a la pensión y una propuesta para pagar un salario inferior al mínimo a los jóvenes, medidas que Duque niega estar considerando.
Posteriormente, ampliaron sus demandas a 104 puntos, incluida la oposición para explorar y producir hidrocarburos con la técnica de “fracking”.
Pero el dirigente sindical dijo que la mayoría de los temas incluidos son acuerdos incumplidos firmados previamente con campesinos, indígenas, estudiantes, profesores, trabajadores de la salud y de la justicia.
Las manifestaciones, que comenzaron el 21 de noviembre y se extendieron hasta mediados de diciembre de 2019, incluyeron tres huelgas.
Aunque la mayoría fueron pacíficas, algunas terminaron con disturbios, saqueos a comercios y ataques de encapuchados contra estaciones de transporte público y autobuses, que llevaron al Gobierno a decretar toque de queda en las ciudades de Bogotá y de Cali.
Cinco personas murieron en las protestas, que siguieron a manifestaciones en otros países de América Latina como Ecuador, Bolivia y Chile.
Los organizadores de las manifestaciones exigen una negociación directa con el Gobierno de Duque, que solamente acepta una conversación en la que participen otros sectores como los empresarios y los gremios de la producción. El comité de paro y el Gobierno podrían reunirse en los próximos días, dijo Orjuela.
“Lo que ha expresado el paro y la movilización durante todo este tiempo es que en Colombia hay otra opinión. Para nosotros es muy importante que el Gobierno entienda que esa opinión es la que tiene que escucharse, es la opinión de quienes no estamos con ese modelo”, concluyó Orjuela.
