El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Fondo Colombia en Paz un informe que explique las razones por las que no se ha hecho efectiva la ejecución de las destinaciones del impuesto al carbono, y el manejo que se le ha dado a los recursos.
En un proceso de vigilancia preventiva a la gestión frente al recaudo del impuesto al carbono, instrumento económico con el que cuenta el Gobierno nacional para impulsar la reducción del 20% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a 2030, el órgano de control advirtió que según cifras de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) hubo un recaudo de $476.862 millones de pesos en 2017, $294.073 millones de pesos en 2018 y $451.046 millones de pesos en 2019, no obstante, informes del Fondo Colombia en Paz reportan 0 pesos en ejecución.
El jefe del Ministerio Público exhortó al titular de la cartera de Hacienda, Alberto Carrasquilla Barrera, a presentar un plan de acción, en articulación con las entidades competentes y establecer un cronograma con el fin de garantizar que se tomen las medidas necesarias, y se adelanten las acciones pertinentes para la destinación y ejecución inmediata de los recursos.
Explicó que la destinación del recaudo del impuesto al carbono contempla que el 5% debe ser asignado al fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), el 25% al manejo de la erosión costera, la reducción de la deforestación y su monitoreo; la conservación de fuentes hídricas, la conservación de ecosistemas estratégicos, especialmente páramos; acciones en cambio climático y su respectivo monitoreo, reporte y verificación, así́ como al pago por servicios ambientales y el 70% a la implementación del acuerdo de paz, es decir, destinado al Fondo Colombia en Paz (FCP), por lo que se hace necesario contar con la creación y puesta en marcha de cada una de las subcuentas para hacer uso de los recursos.
El Órgano de Control dio un plazo de 10 días para que el Ministerio de Hacienda y el Fondo Colombia en Paz, hagan llegar el informe al Ministerio Público, en el que deben detallar el estado actual de las subcuentas creadas.
