El secretario general de Comunes, Rodrigo Londoño, ha defendido este lunes la inclusión del antiguo líder paramilitar, Salvarote Mancuso, en la jurisprudencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como escenario en el que pueda “contar su verdad” acerca del conflicto armado en Colombia.
“El deseo de la gran mayoría de colombianos que queremos reconciliarnos, es llegar a la verdad completa contada por todos los actores que estuvimos inmersos en el conflicto y lograr a partir de ahí la reconciliación y trabajar para que no se vuelva a repetir. Ese es el interés del señor Mancuso”, ha dicho.
Londoño, alias ‘Timochenko’ en sus tiempos en la guerrilla, ha comentado que las sospechas de Mancuso sobre la posibilidad de ser asesinado cuando se haga efectiva finalmente su extradición desde Estados Unidos no pueden ser descartadas, pues en Colombia “han asesinado a muchos testigos clave”.
“Hay temores que no son infundados, aquí han sido asesinados muchos testigos clave que tienen partes importantes de ese rompecabezas que fue la confrontación, entonces hay esa preocupación”, ha señalado Londoño.
En ese sentido, ha defendido la necesidad de mantener con vida a Mancuso, quien en los últimos meses ha estado intentando retrasar su extradición a Colombia, permaneciendo en Estados Unidos, donde ha terminado de cumplir una pena por narcotráfico, o bien yendo hacia Italia, país del que posee la nacionalidad.
“Hay peligros y después de que uno se muera ya no hay nada que hacer. Lo primero que hay que hacer es conservar la vida a personas que tienen una importante parte de esa verdad que los colombianos queremos conocer”, ha argumentado Londoño.
El líder del partido surgido de la desmovilización de las FARC ha señalado que Mancuso “es parte de esos protagonistas que en buena medida son agentes del Estado de facto” y por tanto la JEP es el “escenario natural en el que debe contar su verdad”.
Mancuso solicitó ser sometido ante la jurisdicción de la JEP como tercero civil colaborador o financiador de actividades paramilitares entre 1989 y 1997, pero le fue rechazada tal petición, pues ha sido considerado como “miembro orgánico de la estructura criminal, desarrollando una función continua de combate”.
Creada durante los acuerdos de paz de La Habana, la JEP es un mecanismo especial para investigar y juzgar a la guerrilla, a miembros del Ejército y de las fuerzas del orden, así como a terceros que hayan participado en el conflicto armado. Aunque en el caso de los paramilitares, sólo es viable cuando estos puedan demostrar su calidad de terceros civiles colaboradores.
El ‘Mono Mancuso’, como se le conocía por entonces, ha reconocido haber estado implicado en, al menos, 300 asesinatos, entre los cuales estaban las víctimas de la masacre de El Aro, que le acarreó una condena de 40 años de cárcel que jamás cumplió por sumarse la ley de Justicia y Paz, promovida por el Gobierno de Álvaro Uribe para desmovilizar los escuadrones paramilitares.
