Por Óscar Sevillano
Nuestro país enfrenta la peor tragedia ambiental por la que ha podido a travesar en los últimos 50 años. La minería ilegal, junto con la siembra de cultivos ilícito y la ganadería extensiva, vienen haciendo de las suyas en la selva amazónica y han activado las voces de alerta de parte de la ciudadanía para que el Estado active las medidas de protección a la fauna, flora y ríos en este territorio.
Al interior de la Amazonía cohabitan cerca de la mitad del total de las especies vivas existentes, y las características únicas de su geomorfología, suelo, clima, hidrología, así como de su flora y fauna, la convierten en una de las ecorregiones con mayor biodiversidad del planeta. Se trata, sin duda, del “pulmón del mundo”, por lo que su preservación resulta ser fundamental para el equilibrio ecosistémico y el control climático global.
En Colombia la región amazónica ocupa una superficie de 483.163 km, es decir, casi el 40% del territorio del país. Debido al impacto de los ríos andinos en los ecosistemas de planicie y piedemonte, se determinó que la Amazonia colombiana incluía no solo las planicies de Amazonas, Guainía, Vaupés, y las leves montañas de Putumayo y Caquetá, sino también, las vertientes amazónicas de Nariño, el suroriente del Meta, la Bota Caucana y el sur del Vichada. La parte colombiana, correspondiente a la sección noroccidental de la Gran Cuenca, representa el 6,4% de la extensión total de la Amazonía.
Se trata de una de las regiones con mayor diversidad ecosistémica de todo el bioma amazónico. Tan solo en esta región se ha podido identificar 25.000 especies de plantas, 317 mamíferos, 258 reptiles, 233 anfibios, 616 aves y alrededor de 1.000 especies de peces.
En los últimos días el Gobierno Nacional presentó la Campaña Artemisa, medida que busca frenar la deforestación en la zona selvática del Amazonas. En este plan participan la Fiscalía General, el Ministerio de Ambiente y todo el Sistema Nacional Ambiental, el Ministerio de Defensa y las fuerzas armadas. La estrategia tiene tres propósitos. El primero, es para la hemorragia deforestadora de los últimos años que, en promedio ha dejado un saldo de 200 mil hectáreas de bosque perdidas anualmente. El segundo consiste en recuperar nuestra selva tropical húmeda. Y, el tercero, busca judicializar a quienes están detrás de esas prácticas ilegales.
“La campaña Artemisa se extenderá a todas las divisiones de Ejército Nacional, a la Infantería de Marina, a la Policía Nacional y a la Fuerza Aérea. Gracias a sus aeronaves hemos podido adelantar ejercicios de inteligencia para medir el impacto de la deforestación”, aseguró el presidente Iván Duque.
El daño ya está hecho
La estrategia para la lucha contra la deforestación en la selva Amazónica presentada por el Gobierno Nacional, llega cuando el daño ya está hecho, razón por la que diferentes organizaciones de la sociedad civil vienen desarrollando acciones para obligar al Estado a tomar medidas al respecto.
Una de ellas es el Movimiento Ambiental Vivos, quien presentó una acción constitucional popular con medida cautelar interpuesta ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por el abogado Camilo Araque, con la que busca que en un plazo de seis meses entidades como el Ministerio de Ambiente, la ANLA, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y demás entidades relacionadas con el tema tomen medidas y acciones para evitar que el daño ecológico que hoy se presenta en la zona del Chiribiquete, se expanda de manera incontrolable.
En esta zona la crisis ecológica ha escalado a una velocidad alarmante, de acuerdo con las cifras oficiales del IDEAM, en el año 2017 se perdieron 220.000 hectáreas de bosque natural en Colombia, más del 82% de ellas en los bosques de la Amazonía y los Andes (65,5% y 17% respectivamente). Para el tercer trimestre del año 2018, el mismo IDEAM informaba que la tasa de deforestación aumentaba descontroladamente, y que más de la mitad de los núcleos de alerta se concentraban en el corredor que forman los departamentos de Meta y Guaviare.
Los lugares de mayor deforestación en esta zona se encuentran en primer lugar, al sur del departamento del Meta, en el municipio de la Macarena, en territorio del AMEM y en cercanías al Parque Natural Nacional Tinigua. La segunda está en el departamento de Guaviare, en cercanías del rio Guayabero, en áreas de influencia de la vía Marginal de la Selva.
En estas zonas la aceleración de la desaparición del bosque natural, es consecuencia de las acciones que grupos al margen de la ley que hace presencia en este territorio realizan. También por los la tala y quema de árboles que realizan ganaderos y colonos, quienes promueven y/o financian actividades que transforman el uso del suelo, para uso de ganadería extensiva.
Por último, la expansión de los cultivos de uso ilícito, debido a la fácil comercialización y alta rentabilidad de la planta de coca y sus derivados, se ha constituido como uno de los factores que provoca la destrucción del medio ambiente en un territorio que fue incluido por la Unesco en la lista de patrimonios de la humanidad.
Según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la ONU, en 2017, el 34 por ciento de los cultivos de coca (de 177.000 hectáreas que se registraron) fueron plantados en áreas que en 2014 solían ser bosques. Al menos 16, de los 59 parques naturales de Colombia, tienen cultivos de coca en su interior, y de todos ellos, el PNN Sierra de La Macarena es el que se encuentra en la situación más crítico de todos con 2.832 hectáreas sembradas para ese año. Justamente, este es el parque más deforestado del país.
Los datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) señalan que, en 2017, el área protegida perdió 3.576 hectáreas de bosque natural. Meta es el tercer departamento más deforestado después de Caquetá y Guaviare. Tan solo en el tercer trimestre de 2018, en la jurisdicción de CORMACARENA (Departamento del Meta), se detectaron entre 1.992 y 2.177 nuevas hectáreas deforestadas. Y en el mismo periodo, en la jurisdicción del departamento del Guaviare, se perdieron entre 3.539 y 3.874 hectáreas de bosque.
Un reciente estudio realizado por COORMACARENA y el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, habla de que en esta región habitan 245 especies de peces, de las cuales 12 son nuevas para la ciencia y 22 especies endémicas; 34 especies de anfibios, 52 de reptiles y 737 de aves.
Los datos recogidos confirman que esta es uno de los territorios con mayor riqueza de especies de aves en Colombia, con el 38,6 % del total de las conocidas para el país y el 97% del Escudo Guayanés colombiano. No obstante, en el mismo documento se advierte que, pese a que Colombia ocupa el cuarto puesto en riqueza de reptiles y el segundo de anfibios, las evaluaciones más recientes de riesgo de extinción señalan que 50 especies (10 %) de reptiles y 271 (33 %) de los anfibios están bajo alguna categoría de amenaza, y de otras no tienen información suficiente para poder categorizarlas.
La extracción petrolera también hace de las suyas:
La proliferación de los proyectos de explotación de hidrocarburos en la zona de influencia, se ha constituido en una amenaza ambiental para los departamentos del Amazonas, Caquetá, Putumayo, Meta y Guainía. En el año 2017 ya había 35 bloques petroleros en la AMEM, que afectaban directamente a, al menos, 12 municipios.
Algunos de las unidades territoriales con más proyectos licenciados son San Juan de Arama (en el área del DMI la Macarena Norte), Vista Hermosa, Puerto Lleras, Puerto Rico, Uribe (cerca del PNN Cordillera Los Picachos) y La Macarena (cerca del DMI Ariari – Guayabero), en Fuente de Oro (Meta), Puerto Lleras (Meta) y Puerto Concordia (Guaviare). Y aunque la instalación de dichas actividades extractivas causa daños ambientales que se extienden a todas las cuencas hídricas aledañas, las áreas de mayor intervención se concentran cerca del cauce de ríos como el Ariari y Guayabero, que son fuentes hídricas esenciales para la región y unos de los principales aportantes de agua a la gran cuenca del Amazonas y la Orinoquía.
Todos estos factores han provocado que la voz de la sociedad civil se levante y haga el llamado al Gobierno Nacional y al Estado para que desarrolle acciones en favor del medio ambiente, especialmente en la zona selvática del Amazonas, donde no solo se pide cuidar de la flora, sino además de la fauna y las fuentes hidrìcas que hacen de Colombia un país rico en naturaleza.
