El Gobierno Nacional presentó este martes, el Proyecto Integral de Transparencia, Prevención y Lucha contra la Corrupción, a través del cual se reforzarán los pilares de prevención, sanción y fortalecimiento institucional, para combatir este delito. La iniciativa es fruto de una alianza de 25 entidades del Estado, a través de la Comisión Nacional de Moralización.
El acto, que tuvo lugar en la Casa de Nariño, fue encabezado por el Presidente Iván Duque y la Vicepresidente Marta Lucía Ramírez, con participación de los organismos de control, las altas cortes, el Congreso y el alto gobierno.
La Vicepresidenta calificó esta iniciativa como un ultimátum a los corruptos: “Es momento de dar una señal contundente de todo el Estado colombiano contra la corrupción, estimulando una mayor transparencia. Aquí se han tenido en cuenta múltiples recomendaciones y el clamor de la ciudadanía en la Conversación Nacional. No vamos a ahorrar ningún esfuerzo para demostrar que se les acabó la fiesta a los corruptos. Acá tenemos que acabar con todas las estructuras corruptas, lograr que ese modelo de democracia en el que todos creemos sea cada vez mejor, una democracia que genere confianza a los ciudadanos”, señaló.
El proyecto está contemplado como un gran estatuto contra la corrupción, conformado por 12 capítulos y 91 artículos, que plantea cambios importantes en temas como extinción de dominio, protección de testigos y medidas contractuales a los aportantes de campañas electorales. También refuerza la búsqueda de beneficiarios finales de los actos de corrupción y propone la creación de un régimen sancionatorio a las empresas en las que sus representantes sean condenados por prácticas corruptas.
“Todas las entidades estamos convencidas que más allá de la eficacia de las sanciones, esta sociedad va a ser eficaz en la lucha contra la corrupción, el día que logremos poner la luz sobre todas las decisiones que puedan, en un momento determinado, llevar a actos de corrupción. Entre más luz, más prevención y entre más prevención, más éxito para la sociedad”, dijo Ramírez.
Por primera vez, un proyecto de ley de esta índole, propone incluir como víctimas a los ciudadanos que se vean afectados por los hechos de corrupción. De esta manera, busca promover una indemnización efectiva de las víctimas individuales y colectivas de este delito; y garantizar que las indemnizaciones por estos actos sean invertidas en el resarcimiento y restablecimiento de los derechos colectivos.
También hay novedades en extinción de dominio: “Se agiliza la disposición de los bienes. Para ello, se crea un fondo especial que estará bajo la administración del Fiscal general, y se define cuál será el uso de esos bienes, de tal manera que se puedan precautelar de manera oportuna, con el fin de evitar que los corruptos terminen distrayendo esos bienes, que sirven para reparar a la sociedad y para reponer los dineros del erario público”, explicó la Vicepresidenta.
Otro tema importante que incluye el articulado es la responsabilidad de las empresas cuando sus empleados sean condenados por hechos de corrupción. En Colombia, con excepción de los actos de soborno trasnacional, las conductas corruptas no tienen un sistema sancionatorio para las empresas. Por tanto, el objetivo es que todas las empresas del país respondan por los actos corruptos que cometan sus empleados.
Este proyecto también pone el dedo en la llaga de los “favores políticos”; una de sus propuestas es prohibir que quienes aportaron a campañas electorales puedan contratar con las entidades que estén al mando del candidato elegido, en todos los niveles administrativos.
La iniciativa busca, además, unir a la sociedad en torno a la transparencia. Por esta razón, otro de los objetivos es proteger al denunciante de casos de corrupción. Lo anterior, teniendo en cuenta que el 78% de las personas cree que sufrirá represalias en caso de visibilizar este delito, según el barómetro Global de la Corrupción 2019.
“En esta transformación es muy importante el mensaje de corresponsabilidad. No es solamente lo que haga el Gobierno, ni los organismos de control; es fundamental lo que se haga también desde la ciudadanía. El DANE donde nos muestra que el 94% de los ciudadanos piensa que la falta de sanción a los corruptos, retroalimenta la corrupción. Esto nos está mostrando la necesidad urgente de tomar correctivos, aplicar sanciones e involucrar mucho más a la ciudadanía para que sean ellos mismos, con su acompañamiento, los que nos ayuden a evitar los casos de corrupción”, sostuvo.
Para finalizar, la alta funcionaria agradeció los esfuerzos institucionales para trabajar unidos en un mismo propósito. “Presidente, muchísimas gracias a usted, a su liderazgo; al contralor, al fiscal, al procurador, así como a las superintendencias, la DIAN, la UIAF, este es un equipo del Estado que nos hace sentir muy orgullosos en una coyuntura tan importante para recuperar la confianza, para proyectar nuestro país hacia destinos grandes y ambiciosos con una mejor democracia y una sociedad con un concepto permanente de la integridad y de la ética”, enfatizó.
Un trabajo conjunto
La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, en su función de Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Moralización, coordinó y organizó mesas de trabajo, con los miembros permanentes de esta instancia y demás entidades que manifestaron su interés en participar y aportar a la construcción de dicha iniciativa legislativa.
En este proyecto participaron la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio del Interior, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF, la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Superintendencia de Salud, el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Agencia Nacional de Contratación -Colombia Compra Eficiente- y la Auditoría General de la Nación.
Adicionalmente, la Fiscalía General de la Nación designó un delegado que asistió a las mesas de trabajo y realizó sus aportes en los temas concernientes a su competencia y apoyó el resto del articulado.
El Consejo de Estado y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado resaltaron la importancia de darle mayor celeridad y eficacia a la acción de repetición, por ello, contribuyeron con las modificaciones a dicha acción.
Así mismo, el Ministerio de Educación y la Contaduría General de la Nación, propusieron la incorporación de algunos artículos relacionados con su competencia, y la Unidad Nacional de Protección de Victimas y el Ministerio de Trabajo emitieron concepto sobre aspectos especiales.
