El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá ha decidido este viernes mantener en libertad al expresidente de Colombia Álvaro Uribe, investigado por manipulación de testigos y fraude procesal, como respuesta a una apelación presentada para intentar revocar esta decisión.
Cabe recordar que a principios de octubre la Juez 30 de Control de Garantías de Bogotá concedió la libertad inmediata a Uribe de su arresto domiciliario al argumentar que no puede haber privación de la libertad sin imputación de cargos.
Uribe, bajo detención domiciliaria desde el 4 de agosto por un fallo del Tribunal Supremo, en calidad de senador, está siendo investigado desde el año 2018 a través de la Ley 600 por un supuesto delito de manipulación de testigos, al sobornar a un grupo de presos paramilitares para que no testificasen en su contra.
Sin embargo, después de que Uribe renunciara a su escaño, el representante de la Fiscalía, Gabriel Ramón Jaimes Durán, ha defendido que la Ley 600, que rige para juzgar de los miembros del Congreso, es incompatible con la legislación 906 de la justicia ordinaria, pues “no es lo mismo la indagatoria y la imputación de cargos”.
Esa indagatoria a la que hace referencia sólo es equiparable a un interrogatorio, por lo que Uribe debe ser procesado en libertad, ya que no se han presentado cargos contra él. Por ello, la Fiscalía solicitó su puesta en libertad esta semana, para garantizar su derecho a la defensa.
Así, ha considerado que en el proceso sí es posible equiparar la indagatoria, la que en su momento pidió el Tribunal Supremo, con la imputación de cargos en el nuevo sistema penal acusatorio, que es el usa la Fiscalía.
Además, el tribunal ha dado la razón al tribunal de garantías que dictó libertad para Uribe, considerando que no es posible invadir la competencia de la Fiscalía, que es la que tiene a su cargo la investigación y define si pide medidas cautelares contra los procesados.
En este sentido, ha argumentado que la indagatoria y la imputación “son en extremo similares” y que sí se puede validar lo adelantado por la Sala de Instrucción del Tribunal Supremo y el proceso que está ahora a cargo de la Fiscalía.
A su juicio, en ambas diligencias se identifica plenamente a la persona investigada, se le mencionan los hechos investigados, se le vincula formalmente al proceso, la persona conoce los delitos por lo que es investigada y, al final de ambas diligencias, el investigado puede aceptar los cargos y recibir rebaja de penas.
En este sentido, el expresidente colombiano queda imputado por los delitos por los que ya estaba siendo investigado y lo el próximo paso sería la presentación del escrito de acusación por parte de la Fiscalía. Por su parte, la acusación también puede decidir precluir el proceso.
