El representante a la cámara David Racero adelantará un debate de control político al director de la Unidad de Protección Nacional Daniel Palacios, donde el congresista preguntará sobre la multimillonaria asignación de camionetas blindadas a los concejales de Bogotá, a través del convenio suscrito entre la Unidad Nacional de Protección – UNP y la Secretaría de Hacienda de Bogotá el pasado 31 de marzo de 2020 en medio de la emergencia sanitaria.
Las razones que Racero expone son dos principalmente: el Decreto 1066 de 2015 determina que los Concejales no son servidores públicos con riesgo asociado a su cargo, sino que su protección debe darse con base en su riesgo; es decir, como cualquier otro colombiano, deben acudir a la activación de la ruta de protección si y solo sí, existiere una amenaza presente, concreta, desproporcionada y de probable materialización sobre sus derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad y como a cualquier otro colombiano.
La prueba reina que ostenta el Congresista es la múltiple documentación donde entidades como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Personería de Bogotá afirman que los Concejales no registran amenazas en contra de su vida; incluso la Defensoría y la Personería indican textualmente que hasta el 31 de marzo de 2020, Concejales no reportan riesgos dentro de la base de datos institucional y que hay poblaciones como: excombatientes de las FARC en proceso de reincorporación, Defensores de derechos humanos, niños, niñas y adolescentes, comunidades indígenas, líderes sociales y víctimas del conflicto armado son los grupos con mayores riesgos en la capital.
Para Racero es sospechoso que se asignen este tipo de esquemas, sin que ninguna entidad oficial del Estado encargadas de apoyar la protección e integridad de los individuos, tengan reporte de riesgos por parte de los Concejales y abre el siguiente interrogante: ¿De dónde se ampara la UNP para justificar que los Concejales si requieren de esquemas de seguridad sin denuncias previas?
La UNP de manera arbitraria, a la fecha no ha justificado este tipo de asignaciones que involucran cerca de $2.681.445.368 de pesos y la polémica sigue abierta desde el Congreso de la República, donde se hace un llamado a los entes de control para que realicen las respectivas investigaciones y sancionen estos presuntos actos de malversación de recursos.
