La Vicepresidente y Canciller, Marta Lucía Ramírez, durante su intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU, sostuvo que el Gobierno del Presidente Iván Duque tiene un compromiso indeclinable con el cumplimiento del Acuerdo con las Farc, y que las cifras dan cuenta de los avances.
“¡No cesaremos en nuestros esfuerzos para proteger a quienes dejaron las armas y le apostaron a la paz! Los avances alcanzados en materia de reincorporación política, económica y social son incuestionables. Para abril de 2021, se registraron 13.998 personas como desvinculadas de las Farc, de las cuales el 99,1% cuenta con afiliación a salud, y el 87,2% a un régimen pensional”, señaló.
En este proceso de reincorporación –sostuvo–, el 85,7% de los excombatientes ha recibido apoyos económicos mensuales del Gobierno, y el 90%, formación para el trabajo, a través del Sena. Hoy, el 95% de reincorporados está bancarizado, el 99% está afiliado al sistema de salud, y más de 13 mil personas han recibido 82.6 millones de dólares en garantías económicas. Adicionalmente, se han destinado USD 4.2 millones para la adquisición de predios para el desarrollo de proyectos productivos y de vivienda.
Sobre la justicia transicional, la Vicepresidente y Canciller puntualizó que no puede existir ninguna duda del diálogo constructivo y respetuoso del Presidente Duque con la JEP, no obstante, indicó que hay aspectos susceptibles de mejoramiento. “Para los colombianos y quienes han acompañado al país desde la firma del Acuerdo, es primordial que los mecanismos de justicia transicional brinden los mayores resultados a la brevedad, lo cual contribuirá a avanzar sólidamente en el proceso de reconciliación”.
Para Ramírez, la situación de violencia en algunas regiones de Colombia, no se debe a problemas con la implementación del Acuerdo. “Cuando se firmó el Acuerdo en 2016, todos los grupos criminales que hoy nos atacan ya existían y a ellos se sumaron las llamadas disidencias de las FARC. No es cierto que la existencia de otras violencias obedezca a un supuesto incumplimiento del Acuerdo. Por el contrario, de manera responsable avanzamos en la implementación, sin escatimar esfuerzos, en la lucha contra grupos armados organizados que se dedican a la explotación de rentas criminales”, dijo.
La Vicepresidente y Canciller agradeció la aprobación unánime de todo el Consejo, con el apoyo del Reino Unido, de la Resolución 2574 de mayo de 2021, que por solicitud de Colombia amplió el mandato de la Misión de Verificación.
“Gobierno privilegia el diálogo, pero condena la violencia”, indicó
La Vicepresidente y Canciller aludió también a las recientes protestas ocurridas en Colombia. En este contexto enfatizó en que el Gobierno respalda y avala la protesta, siempre y cuando sea pacífica y no se vea manchada por la violencia, la destrucción y el bloqueo de vías, que amenazan la vida e integridad de los colombianos, así como su libre circulación y el abastecimiento de alimentos y medicinas.
Agregó que el Estado tiene la obligación -legal y moral- de actuar para proteger los derechos del conjunto de la población en el marco de los derechos humanos. “La Fuerza Pública está obligada a proteger las manifestaciones pacíficas, pero también a proteger la seguridad de los ciudadanos, el orden público y los bienes. Aquí hemos visto un proceso de destrucción sistemática, organizada, planeada y financiada para deteriorar las condiciones sociales, políticas y económicas de nuestro país. Es eso lo que hemos vivido, con horror, en Colombia. ¡Creemos en una paz verdadera, que se construye desde las instituciones, la democracia, la división de poderes y la inversión económica para generar empleos!”, afirmó.
