La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia le dio el visto bueno a la ponencia del magistrado Gerardo Botero por lo que se recusó a la vicefiscal María Paulina Riveros y dio paso al nombramiento de un fiscal Ad hoc para que este al frente de todos los procesos que se adelantan en Colombia por el escándalo de corrupción Odebrecht.
Al declarar fundado el impedimento de la alta funcionaria, @CorteSupremaJ solicita terna a presidente de la República @IvanDuque para designar fiscal general ad hoc que actúe en expedientes que venía conociendo la vicefiscal sobre sobornos de #Odebrecht en Colombia. pic.twitter.com/4v1JmCLL25
— Corte Suprema de Jus (@CorteSupremaJ) 29 de noviembre de 2018
El tribunal aceptó un pedido de la propia fiscalía, que dirige Néstor Humberto Martínez, y pidió al presidente Iván Duque que le presente una terna de candidatos, según anunció a través de redes sociales.
Martínez ya se había declarado impedido de conocer esta causa y en su lugar venía actuando la vicefiscal María Paulina Riveros, quien también pidió ser apartada del caso ante los audios y testimonios que comprometen la imparcialidad de su jefe en la investigación.
En su cuenta de Twitter, la corte afirmó que solicitó a Duque una terna “para designar fiscal general ad hoc que actúe en expedientes que venía conociendo la vicefiscal sobre sobornos de #Odebrecht”.
Una serie de revelaciones periodísticas sugieren que Martínez sabía de los sobornos de la multinacional brasileña antes de ser nombrado fiscal en 2016, pese a lo cual no los denunció.
El jefe del ente acusador era entonces abogado de la empresa Corficolombiana, socia de Odebrecht en el país.
Martínez descartó renunciar a su puesto, como lo pidió la oposición, y aseguró que es víctima de una suerte de venganza por la “lucha” que ha emprendido contra la corrupción.
“Celebro que (…) en estos casos de impedimento se dé vía libre al fiscal ad hoc”, dijo a medios Martínez.
En 2016, Odebrecht reconoció ante la justicia estadounidense haber obtenido jugosos contratos mediante sobornos a políticos, en una práctica que siguió en 12 países, incluido Colombia.
Hasta el momento seis personas han sido condenadas por este escándalo en Colombia, donde se pagaron coimas por 32,5 millones de dólares.
El caso tomó un giro dramático tras la muerte el 8 de noviembre de Jorge Enrique Pizano, el auditor del consorcio que formó la firma brasileña junto con la local Corficolombiana para la construcción de la vía que comunicaría el centro con el norte del país.
Tres días después su hijo falleció envenenado con el cianuro que bebió de una botella de agua que encontró en el escritorio de su padre. Ambas muertes están bajo investigación.
Pizano, que en principio habría muerto por un infarto, dejó grabada una entrevista en la que asegura que el entonces abogado y hoy fiscal general supo de las irregularidades del consorcio y no lo denunció.
