La jueza Cecilia Leonor Olivella, la encargada de interrogar al antiguo líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Salvatore Mancuso, ha sido “blanco de execrables intimidaciones” y amenazas por parte del grupo paramilitar después de la primera vista preliminar, según ha denunciado el Tribunal Justicia y Paz de Barranquilla.
“No se meta en líos haciendo preguntas al comandante Mancuso contra personas del Cesar”, dice el texto que ha recibido la magistrada, haciendo referencia a las preguntas que le planteó sobre el frente ‘Mártires del Cesar’ de las AUC.
“No comprometa a su familia. No se las dé de verraca, deje de estar preguntando lo que no les corresponde”, dice un escrito firmado por el Comité Nacional de Combatientes de las AUC de Colombia.
En las mismas amenazas, este comité paramilitar asegura disponer de “todas las grabaciones de las audiencias” y de que está queriendo “comprometer a las AUC”.
La Sala de Justicia y Paz de Barranquilla, que viene realizando los interrogatorios de manera telemática, ha emitido un comunicado denunciando los hechos y respaldando a la magistrada, quien “interrogó exhaustivamente” a Mancuso para dirimir si podía acogerse al proceso legal de desmovilización promovido por el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).
“Este es el primero de muchos procesos en los que figura” Mancuso, el cual, recuerda el comunicado “inició su tránsito ante la Sala de Conocimiento, que habrá de dictar sentencia por los crímenes cometidos cuando comandó el ‘Bloque Norte’ de las AUC, por lo que “indagar sobre su grado de compromiso con las víctimas y con la verdad, más que una potestad de la Sala, es un mandato constitucional”.
“Si se están recibiendo amenazas es porque se está haciendo la labor como lo manda la Constitución”, ha expresado durante un diálogo mantenido para la emisora W Radio el presidente de la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla, Carlos Andrés Pérez, quien ha pedido tanto al fiscal general, Francisco Barbosa, como al ministro de Justicia, Wilson Ruiz, plenas garantías para que puedan seguir con el proceso.
Mancuso, alias ‘Santander Lozada’, fue condenado en 2008 a 15 años y 10 meses de prisión en Estados Unidos por un delito de narcotráfico, tras ser deportado durante el Gobierno de Álvaro Uribe, después de haber estado sujeto desde 2005 a las políticas de desmovilización del Estado colombiano.
Anteriormente había cumplido una pena de 19 meses en una cárcel de Itagüí, un municipio situado en el norte Colombia, por lo que, y amparándose en el sistema penitenciario estadounidense, pudo optar a la libertad anticipada debido a su buena conducta en prisión.
El ‘Mono Mancuso’ ha reconocido haber estado implicado en, al menos, 300 asesinatos, entre los cuales estaban las víctimas de la masacre de El Aro, que le acarreó una condena de 40 años de cárcel que jamás cumplió por sumarse la ley de Justicia y Paz.
Mancuso, cuya extradición desde Estados Unidos se ha postergado debido a la crisis del coronavirus, tiene abiertos dos procesos judiciales en Colombia por su responsabilidad en más de 600 homicidios, el desplazamiento forzoso de casi mil personas y más de una treintena de desapariciones forzadas.
Después de que el Gobierno de Colombia haya cometido varios errores de forma en la tramitación de la extradición, las autoridades están agotando la vía diplomática antes de que se ejecute su traslado a Italia, pues cuenta con la nacionalidad de este país europeo.
