El alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, recibió, de parte de Camilo Alberto Gómez Álzate, Director General la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), un concepto jurídico sobre la problemática generada por la construcción del proyecto inmobiliario Aquarela.
La ANDJE considera que la edificación debe ser destruida por completo, como quiera que existe una orden de demolición vigente que se encuentra contenida en las resoluciones 001 proferida por el Inspector de Policía 2 de Cartagena y 7589 de 2018, proferida por la Secretaría del Interior y Convivencia, que ordenaron la restitución del espacio público ocupado indebidamente por la construcción. Razón por la cual, la acción que procede es la demolición de la edificación, como lo establece el artículo 194 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Se indica además, que técnicamente las propuestas de la Promotora Calle 47, constructora del proyecto Aquarela, no aportaron condiciones de seguridad que garanticen que no habrá afectaciones en la edificación y viviendas aledañas, igualmente, jurídicamente, la demolición parcial es inviable.
Myrna Martínez Mayorga, jefa de la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía, precisó que este concepto constituye un instrumento jurídico importante para la Administración, por lo cual se viene adelantando su estudio.
El Alcalde manifestó que solo haría efectiva la demolición, cuando un juez se lo ordenara, “esto debido a que como Administración no queremos incurrir en una acción que pueda traer perjuicios al Distrito, sin embargo, con este concepto se tiene una mayor certeza y seguridad jurídica para ejecutar la decisión, por lo cual, continuaremos el análisis con las diferentes entidades involucradas en el caso”, puntualizó la funcionaria.
“Estamos buscando el acompañamiento de todas las entidades comprometidas en este caso para dar la mejor solución y principalmente no poner en riesgo la situación jurídica del Distrito, la Nación, ni de ninguna de las entidades llamadas a atender esta situación”.
En mesas de trabajo concertadas por la Procuraduría General de la Nación, se han logrado avances con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), para efectos de evaluar la situación y materializarla a través de la entrega de recursos que permitan proceder con la eventual demolición, así mismo se vinculó al Ministerio de Cultura.
