La Fiscalía General de la Nación, puso en evidencia a una estructura ilegal señalada de falsificar documentos y productos de diversa índole, desde moneda extranjera, pasando por aceite automotriz, hasta certificados de vacunación contra el Covid – 19 en cuatro inmuebles de Villavicencio (Meta).
Estos sitios fueron objeto de diligencias de registro y allanamiento. Entre tintas litográficas, negativos, imprentas industriales y plantillas para elaborar billetes de diferentes denominaciones, fueron incautados 12.500 dólares americanos falsos.
La moneda extranjera, al parecer, era vendida a un valor por muy debajo de la tasa representativa del mercado, distribuida a diferentes establecimientos de comercio de los Llanos Orientales o enviada vía encomienda a otras regiones del país.
En las diligencias de registro realizadas en los puntos de falsificación detectados, los investigadores del CTI encontraron insumos, envases, tapas y otros elementos utilizados para mezclar o rendir aceite automotriz quemado, vencido o en mal estado, el cual era vendido como un producto original.
En los inmuebles había máquinas para falsificar las etiquetas de reconocidas marcas y sellos de seguridad con los que le daban apariencia de autenticidad a los productos.
Adicionalmente, en los procedimientos de registro fueron ubicadas 18 hojas impresas a doble cara con el carné de Mi Vacuna, actualmente expedido como certificado de vacunación contra el Covid-19.
Las indagaciones permitieron establecer que la red ilegal, presuntamente, elaboraba estos documentos y los vendía a personas que no cumplían con el esquema de vacunación exigido para ingresar a sitios públicos. En las inspecciones se encontraron un software y plantillas usadas para el diseño del carné.
Por estos hechos, cuatro de los supuestos articuladores del ilícito fueron capturados en situación de flagrancia, entre ellos el señalado cabecilla, identificado como Libardo Cruz Vanegas. También fue detenido el presunto diseñador de la red, Jorge Enrique Roa Martínez. Otros dos hombres, Pedro Pablo Suta Castañeda y Oswaldo José Gómez Quiroz, cumplían los roles de impresores.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a estas personas los delitos de: tráfico, elaboración y tenencia de elementos destinados a la falsificación de moneda; usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos obtentores de variedades vegetales; falsedad material en documento público; y concierto para delinquir.
