El presidente Iván Duque sancionó la Ley que normaliza los tiempos de respuesta de los derechos de petición que radican los ciudadanos en las entidades públicas.
En adelante las entidades deberán responder las peticiones con un plazo máximo de 15 días hábiles en lugar de 30, como se decretó durante la emergencia sanitaria.
Tras su aprobación el Gobierno Nacional objetó el proyecto por considerarlo inconveniente. Sin embargo, el Congreso de la República rechazó las objeciones presidenciales a la iniciativa.
Con lo anterior, se retoman los términos estipulados en el artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que estipula: ” toda petición deberá resolverse dentro de los 15 días siguientes a su recepción”.
Al respecto, la representante a la cámara, Juanita Goebertus, celebró la firma, tras liderar la discusión en el legislativo.
“Gratitud infinita con las organizaciones que se movilizaron para defender este derecho fundamental”, dijo la congresista
