Una nueva jugadita a los colombianos y especialmente a la democracia hizo recientemente el gobierno nacional al impulsar un artículo dentro del proyecto del Presupuesto General de la Nación para derogar el artículo 38 de la Ley 996 del 2005 o Ley de Garantías que entra en vigencia en algunas semanas.
Y es que, con lo aprobado por las comisiones económicas de Cámara y Senado, borran de un plumazo esta herramienta legal que evita que la contratación estatal sea utilizada de manera indebida en prácticas políticas o electoreras. Es que los recursos públicos deben estar protegidos y alejados de los tiempos electorales.
Yo me imagino a muchos contratistas inescrupulosos a lo largo y ancho de Colombia frotándose las manos ante alcaldes y gobernadores solicitando contratación directa para ejecutar obras en plena campaña electoral.
Esto de por sí ya es muy grave, se convierte en un peligro para la democracia porque en ese sentido no habría ninguna garantía para los partidos de oposición, minoritarios o independientes, porque todos los dineros públicos estarían dirigidos a ejecutar recursos en proyectos para beneficiar a los amigos del gobierno y aprovechar esa coyuntura para redireccionar el caudal electoral en las regiones para los candidatos afines a su ideología, que en este caso sería más por conveniencia que por un sesgo ideológico.
Pero a todas luces es un trámite inconstitucional, la modificación en el debate legislativo va en detrimento del artículo 152 de nuestra Constitución Nacional, el cual ordena darle trámite de ley estatutaria a los temas relacionados a la igualdad electoral entre los candidatos a la Presidencia de la República y a las diferentes corporaciones públicas.
Pero lo que resulta más curioso aún, es que, cuando Iván Duque fue senador, se opuso con contundencia a una iniciativa similar en el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, durante una sesión plenaria se despachó y textualmente manifestó; “se quiere aprovechar una figurita para que ahí se pueda colar una mermelada.
Aquí lo que están haciendo es que la contratación estatal se adecue conforme a los intereses del partido de gobierno y eso lacera la democracia colombiana. Hay que buscar que la Ley de Garantías se mantenga, porque da ejemplos en la contratación estatal y evita que el partido de gobierno perpetúe sus instancias de poder con los candidatos de sus afectos. Si esto queda así, estaríamos dándole cristiana sepultura a la existencia de partidos minoritarios con vocación de oposición” es decir que Duque pasó en menos de cuatro años de defensor de la Ley de Garantías a ser el propio sepulturero de los partidos minoritarios, sin duda, un precedente bastante nocivo para la democracia en Colombia.
Esto que han hecho en los primeros debates las Comisiones económicas se convierte en un verdadero atentado a la democracia, porque no habría garantías para ningún partido, salvo para el de gobierno y sus aliados, incrementará la corrupción en las regiones porque mandatarios locales y regionales estarían dando contratos a dedo a sus amigos y por ahí derecho direccionando por qué candidato se debe votar, eso es muy gravoso y no lo podemos permitir.
Nos han venido con el cuento que es necesario acabar con la Ley de Garantías para lograr la reactivación económica del país, todos sabemos que Colombia y el mundo viven un mal momento, pero tampoco no todo vale en esa recuperación de la economía.
Es que, a este gobierno, nada le sirve y lo que no está a favor de sus intereses buscan por todos los medios acabarlo o hacerlo trizas. A ellos, no les gusta la oposición, no les gusta la paz, no les gusta las Cortes, no les gusta la protesta social, no les gusta la defensa del medio ambiente, no les gusta la ética, en fin, a ellos solo les gusta la burocracia, el derroche, la guerra, la feria de los mega contratos y todo aquello que fortalezca sus intereses, porque sólo buscan el lucro para los de arriba y las élites, mientras el pueblo y el ciudadano del común pasan las duras y las maduras como se dice en el argot popular
Ojalá que las plenarias nieguen ese artículo, pero con las mayorías del gobierno su aprobación está casi que asegurada, solo nos queda confiar en la Corte Constitucional para que niegue ese esperpento.
