Diego Cancino
Esta semana todo el país conoció la terrible noticia de la muerte de nueve personas detenidas en la Estación de Policía de San Mateo (Soacha), ocurrida el 4 de septiembre de 2020, cinco días antes del macabro asesinato de Javier Ordóñez. El 4 de septiembre era día de visita, pero el día anterior -según testimonios de familiares- los internos de San Mateo habrían sufrido golpizas por parte del algunos policías. Las familias que habían llegado hacia las 11 de la mañana a la acostumbrada visita de los viernes, esperaron más de dos horas para poder ver a sus seres queridos, pero agentes de la Estación negaron su ingreso alegando que no se encontraba el funcionario encargado. Las madres que se encontraban allí dicen que cerca de las 2:00 p.m. vieron una pequeña llama al interior de la celda y que la intensidad del fuego aumentó rápidamente instantes después del ingreso de uno de los agente de Policía a la celda. Recientemente, algunas familias han compartido el dictamen médico, en el que se señala, la presencia de gasolina en los cuerpos y, en otros, la presencia de líquido inflamable.
La respuesta del comandante de la Policía de Cundinamarca, respaldado por el Ministro de Defensa, señalan a los internos como los responsables de su suerte. Que el incendio inició en la celda y que ésta, supuestamente, se encontraba amarrada con cobijas para propagarlo. Sin embargo, este intento de exculparse carece de la más mínima lógica. ¿A alguien se le ocurre que cerca de una docena de personas prenderían fuego contra sí mismas? Este señalamiento pareciera aceptar la incapacidad de la Policía para cumplir con su deber de protección de las personas bajo su custodia. La Policía debe asegurar que dentro de sus instalaciones no existan elementos que pongan en peligro la vida o integridad de las personas privadas de la libertad. Las Altas Cortes colombianas y la Corte Interamericana, han señalado que las personas privadas de la libertad se encuentran en una situación de sujeción especial frente al Estado y que, en ese mismo sentido, los agentes de policía tienen una posición de garantes. En casos de personas privadas de la libertad, el Estado debe demostrar una diligencia especial para hacer valer el hecho exclusivo de la víctima y el acto de terceros, y eximirse de responsabilidad. En este caso, los policías de la Estación de San Mateo tenían el deber objetivo de cuidado, de evitar resultados que impliquen el menoscabo de la vida e integridad de los muchachos privados de la libertad.
La administración de justicia tendrá que determinar qué tan diligentes fueron los policías de San Mateo. Las familias señalan que los policías fueron negligentes y que varios de ellos les impidieron actuar para salvar a sus seres queridos, tal como está registrado en un video ampliamente difundido. Incluso, algunas familiares señalan que recibieron gas pimienta y que los policías les sugerían, con palabras soeces, que dejaran morir a los muchachos.
Las irregularidades y la ignominia no pararon ese día. Al día siguientes, algunos familiares acudieron a la Estación y encontraron que estaba como si nada hubiera pasado, no había rastros del incendio. ¿Será que el CTI tuvo tiempo de acudir a la Estación y recaudar pruebas o ese arreglo exprés tuvo la intención de encubrir? A esta posible irregularidad se suma los malos tratos realizados a los sobrevivientes. Algunos de estos muchachos volvieron a ser recluidos en una Estación de Policía, en donde están en pésimas condiciones y sin la atención de salud que requieren.
Septiembre de 2021 debe ser, además de una fecha de conmemoración y de memoria, una oportunidad para que las y los servidores públicos rindamos cuentas sobre nuestras actuaciones dirigidas a garantizar los derechos humanos y para no permitir la repetición de estos hechos. La administración de justicia debe actuar de manera expedita, las autoridades locales debemos rodear a las familias y no permitir su revictimización y el Ministro de Defensa, en lugar de estigmatizar y poner en peligro a quienes denunciamos la violencia policial, debe contribuir al esclarecimiento de los hechos, a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la garantía de no repetición.
