El Gobierno Nacional cuenta con 2.479 cupos disponibles para que mujeres jefe de hogar, que cometieron un delito en contexto de marginalidad, puedan solicitar una pena sustitutiva, para que en lugar de ir a prisión cumplan con servicios comunitarios y puedan atender a sus hijos y a sus familias en libertad.
Así lo confirmó el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Umaña Hernández, quien advirtió que las mujeres beneficiadas deben estar cumpliendo condenas que no superen los ocho años de cárcel, por estupefacientes o hurto, tal como lo establece la Ley 2292 de Utilidad Pública.
“Este servicio busca que la sociedad reciba un beneficio a cambio del esfuerzo de estas mujeres y que ellas, a su vez, puedan reintegrarse a sus hogares y reconstruir las relaciones con sus seres queridos para tener una mejor oportunidad de vida”, afirmó Umaña.
Manifestó que unas 4.500 mujeres, de las cerca de 17.000 privadas de la libertad en el país, podrán optar por esta medida alternativa.
En la actualidad, 73 internas cuentan con decisiones favorables para cumplir la condena con servicio comunitario; ante los jueces de ejecución hay 2.000 solicitudes presentadas y, a la fecha, se han presentado cero casos de reincidencia, añadió el viceministro.
