Al fallar una tutela presentada por la Procuraduría General de la Nación, el Juez Sexto Administrativo de Armenia ordenó a la alcaldía y a la Gobernación de Quindío elaborar un plan para adecuar, ampliar o modificar inmuebles que puedan ser utilizados como centros transitorios de detención, ante el grado de hacinamiento que registran las estaciones de Policía y la Unidad de Reacción Inmediata -URI- de la Fiscalía.
Al tutelar los derechos fundamentales a la vida, salud y dignidad de 129 personas privadas de la libertad –PPL- en esos lugares, el juez pidió a las dos entidades territoriales expedir un protocolo de bioseguridad para aplicar durante el proceso de reubicación, que deberá efectuarse dentro de los dos próximos meses.
En la decisión, el juzgado aclaró que la reubicación de las PPL en esos sitios será temporal, mientras se materializa su traslado definitivo a los establecimientos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –Inpec- que dispongan de cupos para recibirlos.
Las PPL beneficiados con el fallo de la tutela se encuentran en la URI de la Fiscalía, el comando de la Sijín, la estación de Policía del barrio La Isabela y el CAI Santander, en Armenia.
