Este miércoles el gobierno de Gustavo Petro radicó el proyecto de Ley de Sometimiento por la política de Paz Total y ya comenzó su trámite en el Congreso de la República. El proyecto ha tenido fuertes reparos por parte del fiscal general, Francisco Barbosa.
El funcionario del ente judicial se quejó en contra del artículo 29 del proyecto, debido a que -según él- atenta contra la separación de poderes. Además, criticó que no se tuvieran en cuenta los reparos que hizo al proyecto previamente.
“Este artículo dice que la oficina tendrá que aportarle a la oficina del Alto Comisionado para la Paz información sobre todas las indagaciones investigaciones y procesos penales en curso contra los integrantes de la estructura organizada de alto impacto. La Fiscalía no es subalterna de la Rama Ejecutiva”, señaló el fiscal en entrevista con Caracol Radio.
Además, afirmó que este proyecto no recogió lo relativo al concierto para delinquir con los actores que se sometan y que es un proceso de paz simulado.
Dicha declaración contrapone el argumento principal del proyecto radicado y es que expresa que “no se otorgará estatus político a los grupos que decidan acogerse a la justicia”.
El proyecto contempla penas en prisión de 6 a 8 años entre quienes se acojan, más cuatro años de libertad condicional con actividades relacionadas con la reparación a las víctimas. Los acogidos podrían conservar el 6 % de sus bienes ilícitos sin que superen los 10 mil salarios mínimos en monto.
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