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La Procuraduría General de la Nación radicó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), una solicitud de medidas cautelares que busca prevenir la destrucción y garantizar la no repetición de las conductas asociadas a los daños efectuados contra de los bienes culturales (materiales e inmateriales) y del territorio ancestral, sagrado y colectivo de la Sierra Nevada de Gonawindua (Santa Marta).
El Ministerio Público busca la protección del sistema vital de los 348 sitios sagrados que conforman e interconectan la “Línea Negra”, el ente de control y las cuatro comunidades de la Sierra Nevada, Arhuacos, Koguis, Wiwas y Kankuamos.
Con la medida se pretende evitar vulneraciones y proteger los derechos a la vida, la libertad, la seguridad y la integridad de los líderes, lideresas y las autoridades indígenas tradicionales, jurisdiccionales, político-administrativas y espirituales.
“Por un lado se busca proteger el territorio a través de los sitios sagrados como sistema vital“, y por otro lado, “al pueblo como tal y precaver futuras violaciones a los derechos humanos, a través de garantías de no repetición”, agrega la Procuraduría.
La medida involucra los macrocasos 01, 03 (subcaso Batallón la Popa I, Batallón La Popa II, Costa Caribe y Fase Nacional), 08, 09 (subcaso Sierra Nevada de Santa Marta y zonas de influencia) y el macrocaso 10. Además, resaltaron que lo histórico de la solicitud radica en la dimensión integral, ya que no sólo tiene que ver con los riesgos y afectaciones, sino que hace parte de un continuo de violencias.
