Con el respaldo oficial de los gobiernos de Colombia, Ecuador, Brasil, Perú, Bolivia, Venezuela, Guyana y Surinam, se puso en marcha una iniciativa sin precedentes para combatir los delitos transnacionales que afectan a la Amazonía. Se trata de la Comisión Especial de Seguridad Pública e Ilícitos Transnacionales de la Región Amazónica, un mecanismo de cooperación regional que buscará unificar esfuerzos, compartir información y desarrollar acciones conjuntas para hacer frente a las crecientes amenazas en este territorio estratégico.
La presentación de la Comisión se realizó en Bogotá, donde el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, actuó como anfitrión del encuentro. Durante su intervención, el funcionario subrayó el compromiso del país con la seguridad regional y la protección de la biodiversidad amazónica. “Nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y de Policía están preparados para trabajar hombro a hombro con sus colegas de los países hermanos. Solo con unidad podemos responder a la magnitud del desafío”, afirmó.
La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) fue la encargada de instalar oficialmente esta Comisión, destacando la urgencia de coordinar respuestas frente a delitos que han logrado establecer redes criminales trasnacionales en la zona. Martín Von Hildebrand, secretario general de la OTCA, advirtió que “la criminalidad en la Amazonía actúa con una eficiencia preocupante, aprovechando la dispersión institucional y las dificultades logísticas de la región”.
Entre los crímenes más extendidos se encuentran el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de fauna silvestre, la deforestación y el lavado de activos. Todos estos delitos generan un profundo impacto ambiental, económico y social, agravando las condiciones de vida de las comunidades amazónicas y amenazando la estabilidad de los ecosistemas.
La Comisión impulsará la creación de protocolos comunes, entrenamiento conjunto del personal uniformado y operativos regionales coordinados para enfrentar de manera más eficaz las redes delictivas. Además, se promoverá un enfoque integral que incorpore la protección de los derechos humanos y el respeto a los pueblos indígenas.
“La paz que necesitamos construir en la Amazonía no se logra solamente con controles fronterizos. Es una paz que debe ser sostenible, justa y respetuosa de las culturas locales”, concluyó Von Hildebrand.
La iniciativa marca un paso significativo en la cooperación regional y se enmarca en una agenda amazónica más amplia, que reconoce que los problemas de la selva más grande del mundo son transversales y requieren respuestas multilaterales y sostenidas.

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