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La Procuraduría General de la Nación estudia una demanda en contra de la directora Nacional de Bomberos, Lourdes Socorro Peña, porque al parecer habría incumplido con la medida de urgencia manifiesta decretada por el Gobierno Nacional para enfrentar las consecuencias climáticas del Fenómeno del Niño en Colombia.
De acuerdo con Javier Orlando Morales, miembro de la Veeduría Ciudadana Bomberos 2024, autor de la denuncia, «la Dirección Nacional de Bomberos, contó con el tiempo suficiente para adelantar el proceso de selección correspondiente de acuerdo a los tiempos perentorios establecidos en el decreto 1082 de 2015. Transcurrieron un total de 45 días entre la declaratoria de la urgencia manifiesta y el inicio de los contratos suscritos en virtud de esta, desconociendo la finalidad de inmediatez que tenía la medida».
La entidad expidió la Resolución N° 059 del 12 de marzo 2024, por medio de la cual declara la Urgencia Manifiesta, expedida casi dos meses después de decretada la situación de Desastre Nacional por el Fenómeno del Niño que estaba provocando incendios forestales en diferentes territorios del país, donde además comenzaba a provocar sequías.
Morales asegura además que la Dirección Nacional de Bomberos suscribió solo hasta el 16 de abril de 2024 bajo la modalidad de contratación Directa un total de cinco contratos por $30.276.200.635.
«Para esto se contó con el tiempo suficiente para adelantar el proceso de selección correspondiente de acuerdo a los tiempos perentorios establecidos en el Decreto 1082 de 2015. Transcurrieron un total de 45 días entre la declaratoria de la urgencia manifiesta y el inicio de los contratos», afirmó el demandante.
Dijo además que en el proceso realizado a través del SECOP II, «no se encuentra un documento alguno que permita verificar la idoneidad de los contratistas, no se realizó una comparación de precios de mercado, no se encuentra la oferta de precios y condiciones de entrega presentada por los contratistas, violando con esto el principio de selección objetiva».
Se espera la decisión de la Procuraduría General de la Nación, quien luego de analizar la demanda deberá decir si la acepta o la rechaza.
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