La ciudad de Popayán, en el occidente de Colombia, se ha convertido en las últimas horas en un nuevo foco de las protestas antigubernamentales que están sacudiendo al país latinoamericano tras registrar un fallecido y una veintena de heridos durante los disturbios del viernes, entre ellos seis policías.

El catalizador de los enfrentamientos ha sido el suicidio de una joven de 17 años que denunció haber sufrido abusos sexuales por parte de un grupo de policías que la retuvieron mientras grababa una manifestación.

El presidente, Iván Duque, ha dado orden al ministro de Defensa, Diego Molano Aponte; y al ministro del Interior, Daniel Palacios; para que se trasladen a Popayán para resolver la crisis en medio de los fuertes disturbios de las últimas horas. La capital del Cauca está bajo toque de queda y ley seca desde las 18.00 del viernes hasta esta madrugada.

El fallecido ha sido identificado como Sebastián Quintero Múnera, de 22 años y estudiante de UniMayor, que murió por el impacto de una bala de goma disparada por miembros del Escuadrón Antidisturbios.

Los manifestantes han atacado las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), donde, según la denuncia de defensores de derechos humanos, habría sido violada la joven, así como en el departamento de Medicina Legal donde se está investigando su suicidio y los abusos que denunció.

En este sentido, la ONU Derechos Humanos Colombia ha condenado este último asalto por lo contraproducente que puede ser para el caso de la joven. «Urge proteger evidencias forenses que allí se encuentran y que son fundamentales para búsqueda de desaparecidos, verdad, justicia y reparación para las víctimas. Los funcionarios se encuentran a salvo, les expresamos nuestra solidaridad», ha hecho saber en un comunicado.

El comandante de la Región Cuatro de Policía, general Ricardo Alarcón, confirmó que los uniformados que trasladaron a la joven a la URI en Popayán fueron identificados plenamente y fuentes oficiales explican que los agentes fueron apartados de sus funciones para darle transparencia a la investigación.

Uno de los agentes, bajo condición de anonimato, ha negado la comisión de abusos. «Jamás hemos hecho eso. No tenemos la necesidad. Nadie la manoseó, la tocó, la accedió sexualmente o se le dijeron palabras ofensivas en términos sexuales. Todo está grabado», hizo saber.

Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció el viernes su solicitud ara realizar una visita de trabajo a Colombia para observar en terreno la situación de los derechos humanos en el entorno de las protestas sociales que comenzaron el 28 de abril.

«En el marco de su mandato de monitoreo permanente a la situación de derechos humanos en el país, la CIDH ha recibido diversas denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos producto del uso excesivo de la fuerza durante las protestas sociales», indicó el organismo en un comunicado emitido en Washington.

La información recibida por la Comisión señala, entre otras, la existencia de personas fallecidas y desaparecidas, hechos de violencia sexual, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de manifestantes, abusos contra personas defensoras y ataques a indígenas.