El Cesar, al igual que La Guajira son dos de los departamentos con más pobreza en Colombia. Paradójico porque han tenido enormes recursos naturales que se han exportado en inmensas cantidades, riqueza que poco o nada le ha dejado a sus habitantes. Excepto para sus gobernantes seguramente.
Los dos departamentos ahora tienen retos más grandes: remontar los niveles de pobreza prepandemia, lograr una reactivación significativa enfrentando un alto desempleo aumentado por las migraciones de venezolanos y la pandemia, especialmente el juvenil (una gran preocupación,38%) y enfrentar la desaparición a mediano plazo de las exportaciones mineras. En unos años acabará el 42 % del PIB departamental proveniente de la actividad primaria de explotar carbón y sus regalías que son la principal fuente de ingresos para inversión social.
Para ilustrar la situación la resumo con ayuda de un artículo que se encuentra en El Pilón del 3 agosto 2020 y las cifras del informe del PNUD sobre Pobreza y desigualdad en la región Caribe colombiana que recibió el apoyo del Centro de Estudios Socioeconómicos y Regionales -Cesore- (ver).
- El 25.5 % de los cesarenses ya era pobre, según el Índice de Pobreza multidimensional (IPM, DANE 2019) y el 51.7% desde una perspectiva monetaria (¡no mejoró nada en los últimos 8 años!). Pero según la Encuesta de Calidad de Vida del 2019, el 61.4 % de los habitantes del Cesar se consideraban pobres.
- Analfabetismo de 24.3% en el Cesar en 2019 comparado a 20.5% nacional.
- Servicios sanitarios: casi el 30% de su población (315,000 personas) aún hacía sus necesidades fisiológicas al aire libre (90.000 hogares) con el consecuente riesgo para la salud familiar y para la salud pública.
- El 58% de los niños menores se quedaban en casa sin educación preescolar y además impidiendo que al menos algún familiar no tuviera la posibilidad de generar recursos.
- En 2019 apenas el 35.7% de los hogares contaban con conexión a Internet mientras en el país era del 51.9% (la brecha digital es un gran generador de desigualdad social y económica).
- Informalidad reinante: 3 de cada 4 afiliados estaban en el régimen subsidiado y sólo 1 en el contributivo y en el 86 % de los hogares había por lo menos un trabajador informal que no cotizaba a pensiones.
- En el Cesar el 94% de los 4.650 kilómetros de vías terciarias estaba en regular o mal estado según el INVIAS (“pocas inversiones son más costo-efectiva para el campo que las vías terciarias que permiten aumentar competitividad regional, facilita la movilidad de los servicios, valoriza las tierras, etc.”).
- Había déficit de otros bienes públicos: colegios, profesores, dotación, puestos de salud, enfermeras, promotores y médicos.
- El 38% de los jóvenes cesarenses se encontraban desempleados, lo que resulta más que preocupante. Valledupar estuvo en 2020 entre las 5 ciudades con mayor desempleo.
- La continuidad para el servicio público de acueducto apenas llegaba a 3,5 horas/día, solamente peor en Guainía (1 hora/día) (mientras en Bogotá, Quindío y Antioquia era de 24 horas/día, fuente).
Para sacar a su gente de la pobreza se requiere inversión social y generación de empleo. Para la primera se requiere reemplazar los recursos de regalías y para las dos se requiere repensar la economía del departamento sin carbón. Los estudiosos del Cesore urgen ejecutar estrategias, acciones e inversiones para iniciar un cambio estructural que no deje colapsar a los cesarenses y a su economía en los próximos años. Entre las más importantes está el desarrollo de una agricultura que genere oferta probadamente exportable a escala mundial de nuevos productos (aguacate, cannabis medicinal, marañón, ganadería intensiva, cítricos) para lo cual se requiere un mejoramiento de las relaciones sociales y laborales con mejores condiciones para los trabajadores agrarios lo cual incluye formalidad y salarios decentes; lograr que esa oferta sea de “valor agregado” lo cual solo se hace con agroindustria para lo cual se requiere un programa de largo plazo para fomentarla, lo que a su vez requiere facilitar la investigación y el desarrollo, la tecnología y crédito de fomento, todo lo cual también requiere que la educación se mejore drásticamente en todo el territorio; es necesario mejorar definitivamente el sector salud que está muy concentrado y con problemas de atención y calidad; afirman adicionalmente que hay que sopesar las potencialidades reales en términos de empleo, aportes sociales y económicos de la “economía creativa” (folclórica, cultural, audiovisual, musical, teatro, danzas, artes plásticas); sobre las energías alternativas (ya cuentan con dos instalaciones importantes a nivel nacional) hay que resolver cuál es el beneficio real para los cesarenses; y advierten que si no se protege el medio ambiente, ya que el departamento es uno de los más desertificados del país afectado por el cambio climático, en especial en todas las acciones para cuidar los ecosistemas existentes (páramos, humedales y bosque seco) no habrá la nueva economía agropecuaria, ni nuevos polos de desarrollo locales. Como se ve, una necesidad inmensa de inversiones estratégicas acompañadas de una ingente pero buena gestión pública.
Con semejantes urgencias esenciales no se puede entender cómo fue que el gobernador Monsalvo Gnecco y su equipo priorizaron la inversión de $139,000 millones de pesos en la construcción del Centro de Eventos Histórico y Cultural de la Música Vallenata en Valledupar, que guste o no resulta suntuaria. Fuera de los manejos no trasparentes en el proceso de licitación, entre otras cosas graves, podría tener un sobrecosto de $ 81,829 millones de pesos (¡un 59%!) ya que el presupuesto en 2015 fue de $44,700 millones y actualizándolo con el 27.9% de inflación acumulada a 2021 arrojaría solo $57,171 millones (fuente).
Muchas son las quejas por una cantidad de inversiones no prioritarias como esta: “decenas de miles de millones de pesos mal invertidos por los gobernantes en obras que no se justificaban, no eran necesarias y suntuosas… más de $10.000 millones desperdiciados en la Plaza Alfonso López, o los $19.000 millones de la plaza de Becerril o los más de $20.000 millones de las plazas de El Paso y así sucesivamente…”. “El departamento viene sufriendo desde hace varios años de una crisis de credibilidad en sus gobernantes, de apatía y cuestionamiento desde la sociedad civil hacia sus autoridades y de altos niveles de corrupción y despilfarro”. (El Pilón, 3 agosto 2020).
“…por múltiples frentes van destapándose escandalosos hechos que estaban escondidos desde su primer mandato (del gobernador), las obras inconclusas del estadio, el desastre que se ha convertido el CDT ganadero y pesquero…” (Radio Guatapurí, 23 de agosto de 2021).
Y como se sabe, el gobernador está en prisión domiciliaria desde hace unos días porque la Fiscalía evidenció anomalías en un contrato que suscribió en 2015 para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante su mandato anterior: “por lo menos 9 inconsistencias como falta de estudios previos, prepliegos amañados y deficientes, y supuestas omisiones de los requisitos de ley en distintas etapas del proceso de contratación, evaluación y liquidación, con una apropiación ilegal de dinero que asciende a $3.172′8 millones de pesos (19% del contrato de $17,000 millones) en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros agravado el sobre costo en los alimentos, las quejas por mala calidad de raciones y el monto del peculado” (fuente). Y en contra de Monsalvo Gnecco reposan siete investigaciones abiertas por actuaciones del mandatario enfocadas a “favorecer los intereses de sus allegados” (fuente).
Se comprende bien la enorme preocupación de la Universidad Nacional ante la pretensión del gobernador para manejar los $80,000 millones para la fase dos de la sede en La Paz debido a que el departamento colocaría el 30% de los recursos (ver).
Corresponde a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría lograr culminar sus investigaciones y castigar ejemplarmente si confirman los delitos, demostrando así que son las entidades independientes que necesita el país para no asfixiarse en esta corrupción generalizada.
Adaptando la famosa frase de Joseph de Maistre “cada departamento tiene el gobierno que se merece”. Corresponde entonces a la ciudadanía cesarense demostrar que no se merece esos pésimos gobernantes y que avanzará drásticamente en su cultura política eligiendo a personas principalmente honradas, sin tacha en su historia, que de verdad amen a su tierra y que en serio estén dispuestos a respetar a sus coterráneos.
@refonsecaz – Ingeniero, Consultor en Competitividad.
