Santiago Preciado Gallego
¿A quién no le han dicho una mentira? Creo que todas las personas, en algún momento de sus vidas han sido víctimas de la mentira: hay unas llamadas piadosas y otras que socialmente son consideradas despiadadas; existen algunas que para la mayoría son imperdonables, y otras cuya modalidad es decir una verdad a medias, para hacer que las mentiras sean más creíbles.
Esto recuerda lo planteado por el pensador francés Michell Foucault, para quien el sentido de llamar a algo “verdad” poco tenía que ver con la rigurosidad o metodología de verificación de las conclusiones tras arduos procesos de investigación. Se trataba más de un juego de poder, de decir “yo soy el sabio” como quien dice “yo soy el dueño de la verdad”.
Durante las últimas décadas, los habitantes de nuestro amado departamento de Antioquia, y su capital Medellín, han recibido un discurso basado en verdades a medias y que corresponden con la realidad, pero al ser dichas desde un escenario de poder, como el gobierno y los grandes empresarios, ha sido fácil de creer para un sinnúmero de personas. Pero que poco a poco, con procesos de disrupción y por su propio peso, ha ido cayéndose ese discurso y saliendo a la luz la verdad.
El discurso que hemos recibido durante los últimos años, y que en parte es una verdad, es que la estrecha relación entre grupos empresariales y los gobiernos ha contribuido, en cierta medida, al crecimiento de la economía, a destrabar situaciones adversas y generar empleos, esto no lo duda nadie. Y esa reafirmación, que fue inundando eventos, simposios, artículos de periódicos, publicidad pagada con recursos público, impuso en la práctica un saber o una verdad dominante, por ejemplo frases como “el GEA es el futuro de Medellín y Antioquia, así como la esperanza de Colombia”.
¿Dónde reside el peligro de estas verdades a medias difundidas si desde el derecho a la libre expresión cualquiera podría decir lo que desee? Su peligrosidad reside en el hecho que al ser enunciado desde un grupo de poder político y económico, ha implicado negar, esconder y minimizar otras verdades que guardan mayor relación con nuestra cotidianidad, como por ejemplo hablar de que a Medellín la construye sus trabajadores, las clases más vulnerables, las pequeñas y las medianas empresas, los trabajadores informales, los obreros, todos.
Lo evidente, es que esa estrecha relación entre los políticos y los grandes empresarios, terminó llevando a que en Medellín y Antioquia, los primeros fueran los mandaderos de los segundos, ante la ausencia de gobiernos fuertes y coherentes, lo que hizo que la clase política dirigente perdiese capacidad de actuación y decisión frente al fuerte empresariado para resolver los problemas, necesidades y pretensiones de la ciudadanía, y empeñando el futuro de todo en favor de los intereses de estos empresarios.
Mientras eso pasaba, esta clase política dirigente con los recursos de la ciudadanía, reprodujo en grandes medios de comunicación su “verdad”, siendo relatores de ese discurso que los mantenía en el poder, y así acomodaron la gestión pública a su favor, llevando la inversión lejos de aquellos que, en su mismo discurso, no eran los gestores del desarrollo.
¿En dónde está lo problemático de todo lo anterior? Precisamente en que termina siendo completamente antidemocrático, puesto que por un lado el Estado debe ser el protagonista en la defensa del bien común y generar condiciones para la organización del sistema productivo, mientras que el empresariado le apunta a su crecimiento y a generar utilidades económicas a unos particulares, esa es su naturaleza.
El ideal en una democracia, es que quien tenga el poder social y económico para incidir en la toma de decisiones de un territorio sea la gente; pero hace muchos años el modelo democrático ha sido una verdad a medias, algo hipotético, teórico y utópico. En el siglo pasado, el poder lo tenía la clase política, pero a inicios de este siglo hubo una transición en la que ese poder fue endilgado a la clase empresarial, llevando a la acción el significado claro de neoliberalismo.
Ese proceso de transición de poder de la clase política, al empresariado, se realizó de manera premeditada, articulada y sistemática. Por mencionar algunos ejemplos, de las juntas de las Universidades privadas se apoderaron corporaciones como la Cámara de Comercio y Proantioquia, a entidades como EPM, Sapiencia y el Aeropuerto Olaya Herrera ingresó el Grupo Empresarial Antioqueño y personas naturales cuyos nombres ya han salido a la luz pública, haciendo del conglomerado público de la ciudad una estructura al servicio del empresariado, por encima de los intereses de los y las habitantes de Medellín y Antioquia.
Dicho modelo corporativo también contó con diferentes alianzas con medios de comunicación, cajas de compensación familiar y periodistas financiados con los capitales de cementeras, aseguradoras y bancos que ya se estaban beneficiando de lo público.
Esa forma de gobernar tuvo tanto posicionamiento en la ciudad que en cada barrio, vereda, comuna y corregimiento de Medellín era reiterativo escuchar la frase: “el alcalde de Medellín siempre lo pone el GEA”.
Pero era necesario acabar este modelo de gobierno en Medellín, era urgente devolver el poder a los verdaderos herederos: la gente. También era lógico y previsible que desmontar ese modelo de gobierno requería disrupción e incomodar a quienes estaban muy cómodos. Por mencionar un ejemplo, con la sola demanda de 10 billones de pesos, por parte del alcalde Daniel Quintero Calle, en contra de los responsables de la crisis que había en Hidroituango, que buscaba que los sobrecostos del proyecto hidroeléctrico más importante del país no lo pagara la ciudadanía sino los verdaderos responsables, la representación de la clase empresarial se salió de todas las juntas directivas y se evidenció que había una asociación sistemática de diferentes grupos empresariales e instituciones.
Hoy hemos comenzado a ver algunos cambios en las formas que, sin duda, va a favorecer a la gente. Antes, para que un representante de una Junta Administradora Local hablara con un secretario de despacho, debía realizar una intermediación con su concejal aliado, mientras que ahora un edil, que es representante de la ciudadanía, hoy en día tiene contacto directo con el alcalde o con cualquier miembro de su gabinete.
Estas nuevas formas, necesarias para independizarnos, devolver el poder a la ciudadanía y dejar de favorecer a emporios económicos y personas que ya lo consiguieron todo, muchas veces con los recursos del Estado, sin duda van a mejorar la economía y la competitividad, puesto que es claro que si no hay un monopolio empresarial en el tuétano de lo público, habrá más posibilidad de que surjan negocios e ideas de negocios en todas las comunas y corregimientos de Medellín, y en las subregiones de Antioquia.
Hoy, la verdad sobre Medellín no les pertenece. Hoy, el gobierno de la ciudad le pertenece a todos sus habitantes. Hoy, las oportunidades de un mejor futuro son para todos. Por todo eso, hoy defender la independencia implica defender la verdad.
Twitter: @santy_preciado
