El presidente de la Corte Constitucional, magistrado, José Fernando Reyes, en entrevista para Confidencial Colombia, afirma que el Gobierno Nacional puede hablar de reelección o de modificar la Constitución Política, pero esto se debe tramitar por vía que establecen las leyes.
¿Se puede cambiar la Constitución Política sin antes acudir al Congreso de la República y la Corte Constitucional?
El Gobierno puede hablar de lo que quiera, incluso de Constituyente; tiene además iniciativas legislativas y puede proponer los cambios que estime necesarios, el tema está en la forma. En una democracia como la nuestra se debe hacer por los canales institucionales.
El expresidente Iván Duque asegura que el Gobierno Nacional tiene la intención de tomarse la Corte Constitucional, ¿es válida esta alerta?
El Gobierno debe postular al reemplazo de la doctora Cristina Pardo, los otros candidatos que reemplazarán a los magistrados salientes los ternan otros poderes.
¿Cuál es la diferencia entre llamar a una Asamblea Nacional Constituyente y llamar al poder constituyente?
No estamos en un momento académico, pero lo que sí puedo decirle es que toda intención de modificar la Constitución siempre debe hacerse por la vía institucional. Sí lo que se quiere es cambiar el período presidencial, alargarlo, etc., se puede hacer, pero debe hacerse por las vías que establecen las normas, es decir, discutirse en el Congreso de la República y ser validado por la Corte Constitucional.
¿Se puede utilizar el proceso de paz para llamar a una Asamblea Nacional Constituyente?
De ese asunto no puedo hacer un pronunciamiento, espero lo entiendan.
¿Está en riesgo la institucionalidad?
Hay que entender que en Colombia hay quienes se preocupan por los debates, eso hace parte de la deliberación y es algo sano, que debe hacerse, además. En una democracia todas estas discusiones son necesarias.
¿Está de acuerdo con la decisión del Gobierno Nacional de congelar el gasto público?
Quien maneja las cifras del Presupuesto Nacional es el Gobierno y si estamos en un momento en que obliga a un apretón en el bolsillo, los demás poderes debemos aceptarlo y respetarlo.
¿Qué consecuencias tendría esta decisión para la rama judicial?
Es indudable que repercute en el normal trámite de los procesos y en los indicadores de desempeño, pero entiendo que la decisión lo que busca es evitar un momento catastrófico.
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