En noviembre del año pasado el Presidente Duque asistió a la cumbre climática COP26 en Glasgow y su visita sirvió para dejar un compromiso tremendamente fuerte, diciendo que el país asumiría esfuerzos para reducir en 51% las emisiones de gases de cara al año 2030 y alcanzaría, para 2050, el carbono neutro. Muchos sectores del país se negaron a creer que esto fuera posible y pasaron además a criticar que el mandatario se presentara en dicho evento, teniendo mayores preocupaciones que resolver en el territorio nacional.
Que dicha promesa se cumpla es en sí un inmenso reto, pero hay que reconocer que plantear ese compromiso era el paso a seguir. Esta valiosa declaración ponía al país a pensar en objetivos de avanzada y a entrar en una conversación global, sumándonos al mismo objetivo que se fijaron más de 100 países en dicho evento.
Ahora, un poco más de cuatro meses después de este anuncio, el Gobierno nacional aprobó recientemente el CONPES de “Transición Energética,” con el que plantea más de 97 acciones de política pública que deberán ser promovidas por 18 entes estatales y que en un marco de tiempo de 6 años buscarán delimitar el camino para que Colombia pueda continuar consolidando apuestas en nuevas tecnologías como la geotermia, la energía eólica y la producción de hidrógeno para disminuir emisiones.
Este CONPES llega además en un momento de altísima coyuntura nacional, en el que los principales candidatos presidenciales, si en algo coinciden y casi sin darse cuenta, es en que el país debe enriquecer sus esfuerzos en transición energética. Ahora bien, para subir el nivel de los debates y de algunas declaraciones incendiarias que llenan trinos y titulares, resultaría de altísimo valor que los candidatos en vez de estar hablando a diestra y siniestra le den una ojeadita a este documento de 108 páginas, sana lectura para reformular ciertos argumentos, enriquecerse en datos y bajarle a tanto populismo.
El nuevo entendimiento de cómo vemos las energías y su uso, es sin duda el punto focal de toda la discusión. No podemos seguir de espaldas a una realidad que afecta la sostenibilidad del planeta y que no permite más discusiones gaseosas o ambiguas. Como ciudadanos estamos convocados a involucrarnos más en el conocimiento y seguimiento a políticas públicas como las que se proponen en este CONPES, que requieren de nuestro concurso para su desarrollo. Aquí la articulación del gobierno, las empresas y la ciudadanía es vital para cumplir los objetivos planteados.
No faltará el que diga que se requieren más acciones o que esos planes nunca se lograrán en seis años, pero la invitación es para que se haga parte de la solución y no del problema.
Será crítico que el nuevo gobierno tome este documento con la mayor seriedad y que a partir del 8 de agosto de 2022, se comprometa con su ejecución, ya que la implementación de este programa tiene como objetivo cumplirse en los próximos seis años, es decir que para el 2028 tendrían que haberse puesto en marcha las casi 100 acciones mencionadas que además tienen un “valor indicativo de inversiones públicas por 306.378 millones de pesos que dinamizarán inversiones público-privadas que se estima superarán los 283 billones de pesos al año 2030,” cifras entregadas por el Departamento Nacional de Planeación, durante la publicación de dicha política.
La transición energética está sobre la mesa y es sin duda uno de los grandes temas nacionales a los que hay que prestarle más atención. Ya pasamos de declaraciones a política, ahora viene el momento de las acciones.
