Colombia tiene 1.103 municipios según la distribución territorial. Los municipios son administrados por el alcalde, quien es elegido por la voluntad popular de la mayoría de votos válidos. Elegir un alcalde es posible, gracias al esfuerzo – primero a la inteligencia – de Fernando Carrillo Flórez, hoy Procurador General de la Nación.
Su visión para “desempantanar” o “darle un golpe de Estado” a un Congreso inoperante (1990), prevalido de la Constitución de 1886 que le permitía no reformarla, fue necesaria y oportuna y esa séptima papeleta nos dio el aire para quitarle a senadores y representantes esa arrogancia por la que siempre se sentían orgullosos, demostrando a través de los años que si no era con un golpe de opinión reflejada en esa idea de Carrillo, no era posible avanzar.
En esa lucha me enfilé. Esa reforma permitió a los pueblos darse sus propias autoridades. Y ahí vamos.
Carrillo Flórez, desde la Procuraduría y como los caballos de carreras nos está avisando que estará en el partidor presidencial y que apenas el palafrenero levante la vara y se inicie la carrera, al estilo de “Tropicana” y “Cemento Armado” y de “Amapolas” y “Resorte”, y en tierra derecha, quiere llegar primero a esa meta.
He aplaudido sus triunfos como constituyente primero, luego dos veces ministro, embajador, hoy Procurador y me ha parecido un hombre serio y por eso sorprende con una decisión que burla el nombre de una región y pone el dedo índice del país a señalar sobre todos sus queridos habitantes.
El 23 de abril del año 2020 en compañía del señor Fiscal General Nacional y del Contralor General, en rueda de prensa citada (requerían bastantes periodistas), informaron al país la suspensión por el término de tres meses (hasta el 23 de julio) “del primer alcalde por hechos de corrupción contra la población, en época de pandemia”. Y “ese sinvergüenza es el alcalde de Calarcá”, en el departamento del Quindío. Esa noticia está en internet muchas veces y más veces.
El trofeo de “ese alcalde sinvergüenza” había que mostrarlo como la cabeza de Juan El Bautista en una bandeja de plata. Reapareció Salomé. “Ahora sí hay autoridad, esos son los tres corsarios que necesita Colombia, esta patria si tiene salvación” dijeron los periódicos nacionales, que reciben grandes aportes económicos en publicidad.
Pues esa publicidad resultó engañosa y puede ser demandada ante la Supercomercio.
El pasado 23 de julio, tres meses después, ese alcalde bandido, ladrón y sinvergüenza, regresó al cargo, simplemente porque la Procuraduría encontró que no tenía pruebas para condenarlo. La Contraloría también dijo que no había irregularidades en los contratos que firmó ese “alcalde bandido de Calarcá”.
La Fiscalía ha sido prudente ahora, pero se recuerda mucho por estos días la afrenta contra Anuar Oyola y Libardo Taborda, temas que están a punto de estallar por que fueron perseguidos, uno de ellos encarcelado con su familia, con evidente alteración y adulteración documental y probatoria de la agencia estatal.
Si el Procurador ha dado ruedas de prensa en 1.103 municipios contando la hazaña que tuvo en Calarcá, deberá hacer 1.103 ruedas de prensa disculpándose o retractándose de esa aberrante y arbitraria decisión, disculpas repito, al afectado, a los quindianos y a los calarqueños.
Yo he pensado que se puede votar por Fernando Carrillo a la presidencia. Es muy formado en temas constitucionales, tantos que él debe saber que al alcalde de Calarcá la Procuraduría le violó el debido proceso, pero no le importó; que fue sancionado sin ser escuchado y que desde la suspensión del 23 de abril, la Procuraduría no ha podido conseguir una prueba, ni siquiera falsa. Para evitarse la vergüenza y el escándalo, la Procuraduría no lo reintegró antes.
Como profesor, Carrillo debió enseñar en las universidades el derecho constitucional que tienen todos los colombianos a la “presunción de inocencia” y “al principio de la buena fé”, los mismos principios que la Procuraduría le negó al alcalde de Calarcá.
Dueños de un grave poderío que estos “pueblitos” no se quieren tragar, el Procurador con su actuar ha dejado el mensaje al país que los quindianos y los calarqueños, son personas para desconfiar y que sus pobladores con las autoridades a la cabeza, se roban los presupuestos públicos.
El Procurador tiene que saber que hay disgusto.
Los calarqueños y los quindianos son gente buena, que tuvieron la fortuna de nacer lejos de donde se hacen los torcidos para elegir Procurador, Fiscal y Contralor; lejos de donde se esconden los procesos de Odebrecht y de reelecciones; lejos de donde se tapan los ojos para no condenar congresistas por sus pervertidos hechos; lejos de donde los magistrados venden los fallos; lejos de donde los delincuentes si utilizan camisas de cuello blanco y lejos de donde la Procuraduría no castiga esa podredumbre porque resulta más fácil condenar a los alcaldes de provincia para que la gente siga creyendo que de verdad “los Procuradores protegen los intereses de la sociedad”.
La Procuraduría destituyó e inhabilitó a un exgobernador en el Quindío e igualmente al alcalde de Pijao y suspendió a una secretaría administrativa de Armenia para luego tener que reversar esas sanciones por ilícitas. Y, dónde están las disculpas y además, públicas?. No les importó el buen nombre de estos personajes señalados y fusilados moralmente ??. NO.
Por lo demás, los alcaldes de los 1.103 municipios del país están avisados de las actuaciones de Carrillo Flórez para hacer visible la candidatura a la presidencia. Resultará muy útil a los habitantes de estos pueblitos recordarle al candidato, cuando de manera torticera y desdeñando a esos montañeros que habitan las tierras cafeteras, los compara con esa peste, esa sí de ladrones que jamás conocerán el poder disciplinario.
Acompañamos y respaldamos a la Procuraduría si sanciona con todo el peso de la ley, peso que se hace sentir cuando se usa el derecho, con las pruebas, con el debido proceso y con la verdad. Lo que hemos visto, es todo lo contrario. Esa papeleta que le alabamos al comienzo al Procurador, se le estalló en sus manos.
Del Quindío son Tirofijo y Timochenko, aquí se desató entre 1950 y 1960 la violencia partidista. “Chispas” y “Sangrenegra” también son de esta tierra.
Por ese tiempo, los delincuentes primero disparaban y luego preguntaban a quién.
Esa violencia la están repitiendo los organismos estatales en el Quindío.
Primero sancionan y luego preguntan por qué.