El pasado 7 de agosto se posesionó por primera vez en la historia de Colombia un gobierno de izquierda, y no solo de izquierda sino uno del que se espera sea construido con el pueblo. Un gobierno que le apuesta profundamente a la vida y a la paz, y que busca a través de la intensificación de la democracia y de un proyecto en común transformar el tradicional modelo de gobernabilidad.
Hay un reto crucial en ese cambio por la vida y la paz: desarrollar el Artículo 11 “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”, el Artículo 22 de la Constitución Política “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, y el Artículo 12, que según la traducción que hizo Jaime Garzón en lengua de los Wayú es: “Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie ni hacerle mal a su persona, aunque piense y diga diferente”.
Ahora, ¿cuáles son sus apuestas para materializar esos mandatos constitucionales? Dentro del decálogo de posesión del presidente Petro llamó profundamente mi atención su apuesta por una política integral de seguridad humana, que por su enfoque implica actuar desde la prevención y la transformación de las fuerzas de seguridad y de quienes están a cargo de velar por la “seguridad humana”, es decir, no solo la fuerza pública.
Esa apuesta está profundamente alineada con la recomendación sobre la transformación del actual modelo de seguridad del informe de la Comisión de la Verdad “Hay futuro si hay verdad”, que también se comprometió a seguir a “rajatabla”. Dentro de las recomendaciones que hace la Comisión está adoptar un enfoque de seguridad humana para la construcción de paz y sobre la base del respeto de los principios de pluralismo democrático y de la dignidad humana, para ello la Comisión recomienda “diálogos plurales y territoriales, que cuenten con miembros de la fuerza pública, las autoridades locales, incluyendo las autoridades étnicas, y con la participación de las comunidades”.
¿Cuál es el objetivo de esos diálogos plurales y territoriales? Reconstruir y afianzar la confianza entre la ciudadanía y las instituciones responsables de la seguridad. Precisamente, esa es la apuesta colectiva que hemos construido desde hace dos años a través de la Reforma Popular a la Policía, la cual se ha caracterizado no solo por las propuestas de transformación de fondo, sino por la forma en la que se ha construido este proceso que ha integrado, como lo recomienda la Comisión de la Verdad, a todos los actores corresponsables de la seguridad.
Si el presidente Petro y su gobierno se comprometen a seguir a rajatabla las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, nuevamente vuelvo a extenderles una invitación para que nos sumemos a esta reforma popular que le apuesta a una Policía que teja confianza y a policías ciudadanos formadores de ciudadanos.
Terminado el primer Consejo de Seguridad en Quibdó, el presidente Petro se refirió a la necesidad de cambiar la composición de los Consejos de Seguridad, a apostarle a una política territorial y a trabajar de forma interinstitucional para evitar todo tipo de violencia. De eso se trata esta Reforma Popular a la Policía, de poner en práctica el enfoque de seguridad humana, de concebirla como un bien público que debe garantizar sin discriminación alguna.
Por último, de la cúpula de la fuerza pública elegida por el presidente Petro espero cero actos de corrupción, absoluto respeto por los Derechos Humanos y compromiso con la implementación del enfoque de seguridad humana. Esta Reforma Popular a la Policía también los convoca y esperamos contar con su participación.
La herramienta más potente para profundizar la democracia y para generar transformaciones sociales es el ejercicio político, por ello, este proyecto en común que nos convoca es el gran punto de fuga al que le debemos apostar.
Diego Andrés Cancino Martínez
Concejal en Formación
