Los debates presidenciales han dejado mucho que desear principalmente por la falta de profundidad en los temas clave, generado por la disparidad evidente de conocimientos sobre el Estado y la economía de los candidatos, dando paso a los ataques personales que han sido protagonistas.
Deberíamos estar viendo debates sobre cómo arreglar los problemas fundamentales: la corrupción, la pobreza, la desigualdad creciente y la concentración de la riqueza. Sabemos qué para arreglarlos hay que adelantar difíciles reformas a los diferentes sistemas de manejo del Estado. Es preciso que los candidatos planteen cómo las levarían a cabo.
A continuación, una síntesis de tales reformas.
Reforma pensional. Esta frase sintetiza muy bien los síntomas: “Actualmente tenemos dos sistemas: uno público que es muy generoso (subsidios a las altas pensiones) y uno privado que es muy mezquino. En el público hay unos subsidios bastantes cuantiosos y cada año 40 billones de pesos van para subsidiarlo, no es sostenible y en el otro los pocos pensionados que empiezan a salir salen con unas pensiones irrisorias” (fuente Kalmanovitz). El sistema actual en Colpensiones está mal diseñado para unas condiciones diferentes a las reales, es mal subsidiado (es regresivo) y va a colapsar; el sistema de pensiones privadas que es de capitalización, del cual salen pensiones muy bajas al no tener subsidios, pero además está basado en un negocio a favor de los administradores que resulta injusto para los ahorradores. Esta reforma pasa por quitarle la rentabilidad exagerada a los fondos de pensiones (de propiedad del poder económico) y adoptar un sistema híbrido (fuente Olivera) que tendrá bastantes enemigos (los de pensiones altas que reciben subsidios del Estado) y entre ellos los mismos congresistas. Una reforma difícil.
Lo anterior pasa necesariamente por una Reforma laboral que es uno de los temas más sensibles y que tiene como complejidad adicional que debe ser armonizada con la planeación de largo plazo de las estrategias para la generación de empleo, del crecimiento y reenfoque de la economía para lograrlo (recordar que nuestros planes no logran superar los periodos presidenciales). Los problemas que se enfrentan son el desempleo, la informalidad (más de la mitad), bajos ingresos y con ellos, desprotección social, los contratos de prestación de servicio, abusivos y precarios, que en una enorme proporción usa el mismo Estado. Pero también hay baja productividad laboral, se han perdido muchos empleos industriales (ahora importaciones) y se enfrentan las tendencias de cambios mundiales como las de las plataformas electrónicas para las cuales no hay en la práctica una legislación laboral. Esta reforma enfrenta a quienes reclaman la flexibilización del trabajo para adaptarse a las nuevas condiciones (lugar, tiempo, horario, salario por horas) y las correspondientes nuevas reglas para aportes en la seguridad social que no pueden tener como piso el salario mínimo mensual que termina excluyendo a los informales y a las posibles nuevas formas de acuerdos laborales requeridos, contra los sindicatos que defienden la no precarización del trabajo (fuente Forbes). Encontrar la liberalización del empleo pero con incentivos para que los empleadores (incluido el mismo Estado) prefieran contrataciones formales de largo plazo y estables es un poco tener que definir la cuadratura del círculo. Todo ello implica esta reforma.
Reforma tributaria. En este campo la agenda es larga y aplazada de mucho tiempo atrás. Hay muchos problemas y complejidades en el sistema de impuestos: es necesario revisar las tasas efectivas y disminuir las exenciones (que se han conseguido por la influencia que proporciona el poder económico); en comparación con los países de la OCDE tenemos invertida la base de aportantes entre empresas y personas naturales, la evasión altísima que tenemos, es necesario cambiar impuestos regresivos como el IVA por impuestos progresivos para que los que más tienen paguen más, incluyendo el impuesto a la riqueza y dejar de impactar más a los que menos tienen, y dejar de ajustar las finanzas del Estado con subidas a los impuestos de la clase media formal. En términos generales, la presión permanente por reformas tipo aspirina debe ser resuelta y enfrentar una reforma estructural que pasa por la reacción del poder económico, que gravita fuertemente sobre el poder político y esto es lo más difícil; por ello debe pasar por una reforma política.
Reforma política. El principal síntoma que muestra es la corrupción, generalizada, creciente y que impacta en forma grave, pero silenciosa, el desarrollo y la prosperidad de los colombianos en todo el territorio. La “desprivatización” de la política (que incluye el clientelismo, por supuesto), principal causa de la corrupción resultante para “devolverle su razón de ser y recuperarla para el común de la gente” (fuente Buenahora) es una gran reforma que tiene muchos componentes: un nuevo estatuto para los partidos políticos puesto que su debilitamiento ha dado pie a que el Ejecutivo tenga fácil reclutar a políticos con comportamiento individual y así evitar el control político, incluyendo la obligación de adoptar procedimientos democráticos en su organización interna, mejores metodología y reglas de funcionamiento del congreso, la financiación de las campañas políticas mixta, del Estado y con topes de aporte de privados (soy partidario de una posición más radical puesto que este es el mecanismo directo de la corrupción: el poder económico “patrocina” a los candidatos al poder político, quienes una vez posesionados deben devolver el patrocinio con contratos y favores legislativos; por lo tanto, toda la financiación de las campañas debería ser por parte del Estado; se argumenta que no tenemos suficientes recursos para esto pero se debe tener en cuenta el costo enorme de la corrupción y sus efectos derivados (Fonseca)), el cabildeo debe establecerse exclusivamente en cabeza de los gremios con procedimientos transparentes, y debe limitarse la participación en política de personas con poder económico directo. Esta reforma pasa por una dificultad enorme que consiste en que el reformador sea el mismo reformado, que no querrá dejar las malas prácticas que lo favorecen en lo individual, traicionando al pueblo que representa. Y además, por si no fuera ya una barrera durísima, implica que se reforme el organismo electoral encargado de vigilar el cumplimiento de las normas reformadas.
Es decir, pasa por una Reforma del sistema electoral. “La corrupción electoral ridiculiza el sufragio, desvirtúa la voluntad popular y aniquila la democracia” (Buenahora). Los eventos de los últimos días ponen de presente los síntomas que deben solucionarse: politización del organismo rector electoral (sus magistrados son escogidos por el Consejo de Estado pero de candidatos (ternas) conformadas por los partidos) que no brinda credibilidad y ninguna confianza en los métodos usados por la Registraduría. La reforma debe cambiar el método de selección de los magistrados conformando un nuevo tribunal que además asuma las funciones de la Sala Electoral del Consejo de Estado y que garantice su independencia y autonomía, los procedimientos de denuncia formal de los ciudadanos, establecer un régimen de castigos muy severo incluyendo la sanción vitalicia para quienes violen las normas (compra y trasteo de votos, violación de topes de gastos de campaña y de aportes de privados (si indeseablemente subsistieran), pero sobre todo, garantizar que se apliquen. Para los métodos de la Registraduría debe evolucionarse al uso de tecnologías informáticas en las elecciones que prometen ser inviolables (como blockchain). Como anotaba en lo correspondiente a la Reforma política, difícilmente el que debe ser reformado aceptará ser el reformador por lo cual el Presidente deberá tener el compromiso y la fuerza para convocar un referendo para establecer la más esencial de las reformas.
La reforma política planteada es hermana de la Reforma a la justicia, sector que enfrenta problemas mayores con síntomas como: corrupción de funcionarios judiciales, falta de credibilidad, inoportuna respuesta e ineficacia en sus decisiones, morosidad en la resolución de los litigios así como en la investigación y acusación de las conductas punibles, generados por múltiples causas como falta de recursos físicos y humanos para atender la demanda de los usuarios (deficiencia del número de jueces), escasez de recursos financieros para atender eficientemente la función jurisdiccional, ausencia de una política pública de mediano y largo plazo para el sector. El reto es enorme también: es necesario reformar la organización de la administración de justicia que permita salir de la crisis actual y devolverle la confianza “para que las decisiones jurisdiccionales adquieran legitimidad por parte de la sociedad” (fuente Moreno). Va desde la reforma del nombramiento de magistrados en las altas cortes sin el riesgo de politización existente, hasta la profundización en la utilización de métodos de procesos modernos incluyendo tecnologías informáticas de última frontera como Automatización de Procesos de Negocio (Business Process Automation) blindados (seguramente con Blockchain que promete una gran seguridad en todas las operaciones).
Reforma a la Salud. Pese a que el sistema actual tiene virtudes, la mejora necesaria es muy grande. Esta reforma debe resolver los problemas crónicos observados que se manifiestan en el precario nivel de servicio debido a defectos en oportunidad, equidad, disponibilidad, cobertura (universal) y sostenibilidad (“no sólo el recurso financiero es limitado, también el talento humano, la infraestructura y el equipamiento, especialmente en las zonas rurales”); y hay una dicotomía que no se ha resuelto: “si la administración debe ser asumida por el Estado o puede delegarla a operadores privados; y si esta administración debe cumplir un papel de intermediación financiera o de comprador inteligente, quien asume parte del riesgo financiero, o esta función es responsabilidad del Estado” (fuente Bernal, Barbosa). “La experiencia ha mostrado que tanto administradoras públicas como privadas han tenido problemas financieros, de gestión y de corrupción, y evidencian ineficiencia en la administración de los recursos”. Se necesita rediseñar el sistema para lograr la optimización de los recursos: conocer la demanda, lo que implica cambiar a un enfoque preventivo y menos curativo (medicina familiar), lograr optimización logística (en todos los procesos, persiguiendo economías de escala pero también en la cadena de suministros), un sistema de regulación y control parecido al del sistema eléctrico mejorado (que presta un servicio público regulado y controlado con operadores privados) para lo cual es necesario conciliar los límites técnicos, éticos y económicos que deben gobernar el sistema de salud, y no menos importante, controlar la corrupción.
Reforma educativa. No solo los resultados de las pruebas internacionales muestran lo precaria que es nuestra educación: la convivencia cotidiana evidencia que tenemos serios problemas para vivir en sociedad. Esta reforma enfrenta el rediseño estructural del modelo actual para convertirlo en uno que fundamentalmente enseñe a pensar: “la educación básica debe dedicarse a consolidar en los estudiantes las competencias básicas que se requieren para pensar, comunicarse y convivir. Todo lo demás es accesorio durante este ciclo del desarrollo” (fuente De Zubiría). Semejante misión pasa por asuntos como reformar las “variables claves de la calidad: la formación docente, el currículo, el liderazgo pedagógico y el clima institucional”. Para reforzar la Reforma política es necesario también llevar incluir la educación política en esta nueva educación integral del ciudadano. Esta tarea descomunal pasa por enfrentar a los sindicatos de profesores y docentes con su peso político adicional, que tendrán sus propias visiones, temores e intereses, pero también a los sectores más conservadores, a los padres de familia: una conciliación que se puede visualizar desde ya como durísima.
Se ve claramente que existen tantos puntos álgidos que son difíciles de abordar, y más con un congreso lleno de politiqueros como el que tuvimos hasta ahora. El nuevo, ya elegido, da la esperanza de que todas esas reformas podrían ser posibles. La pregunta a los candidatos sería ¿cuáles reformas se compromete a sacar adelante, por qué y cómo sería su estrategia para lograrla? ¿por qué no haría alguna de las reformas? Esto es fundamental para que escojamos bien.
No desperdiciemos más tiempo en los debates presidenciales asistiendo a peleas callejeras.
Una nota a los periodistas de los debates: el moderador de un debate presidencial debería poder llevar los temas y las discusiones a la altura necesaria. Pónganse ese reto a ver si tienen… la altura necesaria para ese rol tan importante.
