El libro El país de las mujeres de la escritora nicaragüense Gioconda Belli es un relato que explora el rol de las mujeres en la sociedad y la política a través de una visión feminista y utópica. Belli imagina una sociedad en la que las mujeres toman el poder y desafían la estructura patriarcal tradicional. En una parte de su libro, menciona:
“La participación de las mujeres en el poder y en la construcción de una nueva sociedad no es un capricho, sino una necesidad para la transformación verdadera. Al asumir roles de liderazgo, las mujeres no solo llevan consigo su experiencia, sino también una visión renovada sobre la justicia, la igualdad y la convivencia. Es fundamental que las mujeres se ubiquen en el centro de la toma de decisiones para cambiar la estructura del poder que históricamente ha sido dominada por hombres. Las mujeres tienen una capacidad única para generar un cambio profundo y duradero, que transforme las estructuras sociales y políticas en algo más equitativo.”
Esta bella utopía que Belli plantea en su libro tuvo un hito destacado en Colombia el 25 de agosto de 1954, cuando la Asamblea Nacional Constituyente aprobó el voto femenino, marcando un hito en la historia de la igualdad de género. Este evento emblemático condensó el valor de las luchas y sacrificios de las mujeres pioneras que allanaron el camino para la participación política de todas las colombianas. A 70 años de este logro histórico, es esencial reflexionar sobre los avances alcanzados, los desafíos persistentes y el crucial papel que seguimos desempeñando en la política y la sociedad.
Las primeras discusiones sobre el voto femenino en Colombia fueron impulsadas por mujeres valientes como la activista Ana Restrepo del Corral y la educadora y política María de los Ángeles González. El reconocimiento formal de este derecho fue el resultado de una batalla persistente en el ámbito político. El 25 de agosto de 1954, el Capitolio Nacional vivió uno de los debates más emocionantes al acoger y escuchar las voces de Josefina Valencia y Esmeralda Arboleda. Estas dos mujeres, provenientes de distintas vertientes políticas, defendieron con firmeza la necesidad de aprobar el voto femenino. Su presencia en ese escenario político fue el resultado de más de una década de lucha feminista que, paradójicamente, coincidió con la dictadura del militar Gustavo Rojas Pinilla. En este trasegar de lucha es importante reconocer la lucha sufragista de María Currea Manrique, primera mujer electa como Concejala de Bogotá y que en su honor el edificio nuevo del cabildo distrital lleva su nombre.
Este derecho adquirido ha sido un proceso que, aunque ha enfrentado dificultades, ha logrado posicionar y llevar una agenda política orientada a la construcción del Estado y las políticas públicas en el país. Hasta el día de hoy, Colombia ha logrado avances significativos en la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. La ratificación de tratados internacionales y la promulgación de leyes clave, como la Ley 1257 de 2008 y la Ley 1719 de 2014, han sido pasos importantes hacia la protección de los derechos de las mujeres y la garantía de una vida libre de violencia. Además, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 2011 y los Lineamientos de la Política Pública para la Equidad de Género de 2012 han consolidado un marco sólido para avanzar en igualdad de género.
Sin embargo, la plena aplicación de estas normas enfrenta desafíos persistentes. La violencia de género sigue siendo un grave problema. En el primer semestre de 2024, se han contabilizado 412 feminicidios. A pesar de que Colombia declaró una emergencia por violencia machista hace un año, las medidas adoptadas hasta ahora parecen insuficientes para salvaguardar a las mujeres en el país. Según la Procuraduría General de la Nación, cada 18 horas una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer, y la mayoría de los crímenes son cometidos por sus parejas o exparejas. Los departamentos con mayores índices de estos delitos son Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Bogotá y Atlántico.
En el ámbito de los derechos reproductivos, la reciente despenalización parcial del aborto en Colombia, que permite la interrupción del embarazo hasta las 24 semanas de gestación, ha sido un avance significativo en la garantía de derechos para las mujeres. Esta reforma, que surge como respuesta a años de movilización y demanda por parte de organizaciones feministas y de derechos humanos, representa un paso crucial hacia la autonomía reproductiva. No obstante, la implementación efectiva y el acceso equitativo a estos servicios siguen siendo desafíos importantes, especialmente en regiones más alejadas y en comunidades con recursos limitados.
Además, las mujeres que participan en la política y en movimientos sociales enfrentan una creciente violencia política. Esta violencia se manifiesta en agresiones físicas, amenazas y ataques verbales que buscan silenciar y desalentar su participación activa. Este fenómeno no solo limita la representación femenina en la esfera política, sino que también perpetúa un ambiente de hostilidad y exclusión. Adicionalmente, la violencia derivada del conflicto armado sigue afectando desproporcionadamente a las mujeres, especialmente a aquellas pertenecientes a grupos étnicos indígenas y afrocolombianos. A pesar de los esfuerzos para incluir un enfoque de género en el acuerdo de paz de 2016, la implementación completa de los indicadores de género sigue siendo un desafío.
En términos de participación política, hemos visto avances, logrando un 29,2% de representación en el Congreso para el período 2022-2026, en el caso particular del Senado la distribución de las mujeres por partido político, la mayor cantidad y mayor proporción de mujeres hace parte del Pacto Histórico, que obtuvo en total 20 curules, de las cuales 10 son mujeres,. Este porcentaje es un testimonio de la creciente influencia femenina en el ámbito legislativo. Sin embargo, a nivel territorial, la representación femenina sigue siendo baja: solo el 17,5% en Asambleas Departamentales y el 12% en alcaldías. Esta representación desigual refleja las barreras estructurales y culturales que continúan limitando la participación efectiva de las mujeres en la política, y subraya la necesidad de implementar acciones como las listas paritarias para todos los cargos de elección popular, como lo han propuesto varias fuerzas políticas y que el Pacto Histórico hizo realidad en las últimas elecciones.
Uno de los retos más significativos que enfrentamos es la ausencia de una mujer en la presidencia de Colombia. A pesar de los avances logrados, la falta de una presidenta representa una brecha importante en la igualdad de género en el más alto nivel de poder político. La elección de una mujer presidenta no solo simbolizaría un avance crucial hacia la equidad de género, sino que también podría traer consigo una serie de beneficios transformadores. Una presidenta podría influir directamente en la formulación de políticas públicas con un enfoque más inclusivo y equitativo, y podría servir como un poderoso modelo a seguir para futuras generaciones de mujeres en Colombia.
En este aniversario, es crucial que celebremos los logros y reconocimientos obtenidos, pero también debemos abordar con firmeza los desafíos que enfrentamos. Las mujeres hemos demostrado ser agentes de cambio fundamentales en la política colombiana, impulsando transformaciones y leyes que han mejorado la vida de muchas personas. Es necesario que nuestra voz sea escuchada en todos los ámbitos del país y que se tomen medidas concretas para superar las barreras que aún nos limitan. La igualdad de género no debe ser un objetivo lejano, sino una realidad cotidiana en todos los aspectos de la vida colombiana. En estos 70 años del voto femenino en Colombia, celebramos los avances logrados, pero también debemos enfrentar los desafíos persistentes con determinación y compromiso.
