El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, SIVJRNR, está integrado por la Comisión de Esclarecimiento y Verdad, CEV, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, UBPD. Son mecanismos judiciales y extrajudiciales que de manera coordinada tienen el objetivo de lograr la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas, asegurar la rendición de cuentas por lo ocurrido, garantizar la seguridad jurídica de quienes participan en él y contribuir a garantizar la convivencia, la reconciliación y la no repetición del conflicto, para asegurar la transición del conflicto armado a la paz.
El Sistema Integral nació de la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC el 24 de noviembre de 2016. Acto histórico de trascendencia para la vida del país, que declaró la finalización del conflicto armado interno para dar inicio a una nueva etapa que buscaba crear condiciones para que la sociedad colombiana se centrara en todos aquellos aspectos que los gobiernos olvidaron por cuenta de la violencia. Se pensó que se daba comienzo a un nuevo ciclo de hermandad entre víctimas y exguerrilleros. Pero la realidad ha sido más compleja de lo anhelado, un camino con importantes avances que sin embargo queda marcado por el desgaste, cuyos responsables son el presidente Iván Duque, sus asesores, el equipo de ministros y su partido Centro Democrático, CD.
Con el Sistema Integral, Colombia sienta un precedente importante para el mundo. Los países del Cono Sur otorgaron unas amnistías generales o leyes de punto final que luego fueron prohibidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Barrios Altos vs. Perú. En El Salvador también se concedió amnistía general, pero la Corte Suprema de aquel país la echó abajo después de 25 años. Hoy en esa nación se están buscando alternativas para encontrar la manera de juzgar y sancionar a los responsables.
En Irlanda del Norte y en Sudáfrica se otorgaron perdones de condenas, amnistías y liberaciones de prisioneros, a cambio de que las personas cumplieran con algunos condicionamientos como el reconocimiento de la verdad y la garantía de no volver a cometer delitos.
El Sistema integral en Colombia se inspiró en esos condicionamientos: el acceso a cualquier beneficio depende del compromiso con la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. Además, en el país se pensaron diferentes beneficios según el tipo de responsable y según el crimen cometido, por lo que no se pueden amnistiar o indultar a los autores de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad según la Ley Estatutaria 1957 de 2019. Así que lo de Colombia es una evolución frente a experiencias anteriores en el mundo porque los beneficios penales se dan dependiendo del nivel de responsabilidad y del delito cometido, y porque la posibilidad de acceder a estos beneficios está condicionada al cumplimiento de compromisos con los derechos de las víctimas.
La JEP fue creada porque en Colombia ni tenemos tiempo ni recursos para investigar y juzgar a todos los responsables. La JEP se concentra en los máximos responsables de crímenes internacionales, y al hacerlo, se deben explicar las políticas, los patrones y las formas de actuar de los perpetradores. Ha abierto siete “macro casos” y está ad portas de abrir dos más, dentro de los cuales se han imputado a 21 integrantes de las FARC e integrantes de la Fuerza Pública.
En sus “macro casos” la JEP ha emitido tres autos contundentes. En dos de ellos explicó los patrones de “falsos positivos” en los departamentos de Catatumbo y el César, mientras en el marco del macro caso relacionado, 388 integrantes de la Fuerza Pública vienen contribuyendo a la verdad y reconocen responsabilidad en estas ejecuciones extrajudiciales.
El otro auto explicó las cinco políticas de secuestro de las FARC en lo nacional. Detalló el modo en que operaban las FARC, sus políticas y responsabilidades frente al secuestro que por décadas generó heridas profundas en la sociedad y duras controversias en la comunidad de derechos humanos.
En sus tres años de funcionamiento, la JEP ha acreditado alrededor 322 mil víctimas individuales y 262 víctimas colectivas. Se han sometido 12.235 personas, de las cuales la mayoría son excombatientes de las FARC 9.720 personas, Fuerza Pública 2.431, agentes de Estado distintos a Fuerza Pública 72 y 12 personas procesadas por protesta civil. Han sido llamadas a contar su versión de los hechos 900 personas. Alrededor de 316 han aportado información para la búsqueda de los desaparecidos, lo que ha permitido cerrar más de 100 casos de desaparición forzada de personas.
Si este mecanismo sigue funcionando como viene, marcaría la pauta para futuros intentos de justicia transicional en el mundo que tienen el desafío de abordar miles de casos en poco tiempo.
Por su parte, la CEV no tuvo los tres años efectivos de funcionamiento pleno exigidos por la Constitución Nacional. Pero esta semana se logró que la Sala Plena de la Corte Constitucional ampliara su periodo de funcionamiento, que iba a finalizar el 28 de noviembre 2021. Ahora se extenderá siete meses más hasta el 27 de junio de 2022, con dos meses adicionales para la socialización del informe final que debe entregar. En total va hasta agosto de 2022.
Es victoria no se debe al gobierno. La CEV explicó que su trabajo para recabar la verdad es esencialmente presencial y en el territorio, con las víctimas o las personas que se relacionan con ellas. En el contexto de COVID-19 muchas de las víctimas tuvieron incapacidades y suspensiones de viajes por sospechas o contagios, y manifestaron su temor de hablar sobre el conflicto por vía virtual. Frente esta realidad, el gobierno argumentó que la CEV debió ajustar su operación a las restricciones de movilidad y el aislamiento y cumplir sus funciones en el marco de éstas mediante la implementación de estrategias de trabajo en casa y haciendo uso de las Tecnologías, Información y Comunicación, TIC.
Afortunadamente la Corte aceptó la solicitud de la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, de ampliar en siete meses el periodo de vigencia de la CEV, a fin de garantizar los derechos de las víctimas. Con abrumadora votación 8-0 -la magistrada Cristina Pardo estaba impedida- la Corte apoyó la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar que sostuvo que para el periodo de tres años que fijó el acuerdo de paz, la CEV no debía contabilizarse el tiempo que duraron las medidas de aislamiento adoptadas para contener la pandemia de COVID-19. La Sala Plena enfatizó que la reconstrucción de la verdad sin enfoque territorial, sin enfoque de género y sin la participación protagónica de las víctimas no honra lo pactado en el acuerdo final en relación con la garantía del derecho fundamental a la verdad, y por lo mismo resulta inválida según lo previsto en el Acto Legislativo 02 de 2017.
A cinco años de la creación del Sistema Integral, los intentos del gobierno del presidente Duque de objetar la ley estatutaria de la JEP y de oponerse a la prórroga del mandato de la CEV han fracasado. Se empiezan a ver luces de la verdad histórica que el país necesita saber. No es todo lo que se imaginaba hace cinco años. Pero es algo que vale la pena celebrar.
