A un año y medio de gobierno se han logrado sortear todo tipo de tramoyas e intentos de “golpes blandos” por parte de una clase dominante apoyada en los medios masivos de comunicación, su maquinaria de opinión y el poder corporativo que sustenta su aparataje. A esto se suma el intento de ruptura institucional gestado desde la Fiscalía de Francisco Barbosa.
Pero más allá de los riesgos que vive este gobierno atacado por todos los frentes y deslegitimado a punta de desinformación, vale la pena resaltar su vocación para la salida negociada al conflicto armado a su vez que a la superación de las causas estructurales que lo alimentan y reproducen como la concentración de la tierra en pocas manos y el despojo sistemático de la misma a comunidades campesinas y pueblos étnicos. Es de celebrar los cese al fuego pactados con el ELN, el EMC y organizaciones criminales de Buenaventura.
Hechos de paz
De cara al cumplimiento de la Reforma Rural Integral, “75.000 familias rurales disfrutan ahora de la formalización de la propiedad con la titulación de sus predios a nivel nacional. Más de 270.000 hectáreas fueron adquiridas (compradas, donadas o recuperadas) para el beneficio de 35.000 familias campesinas sin tierra (ANT, 2023). En términos de hectáreas entregadas y tituladas, a corte del 31 de enero de 2024, se presentan los siguientes resultados:
Fuente: https://www.ant.gov.co/titulacion-rural-entregada/
Hay que mencionar que los resultados en incautación de cocaína ha sido la más grande en la historia:740 toneladas de cocaína. Un golpe a las mafias que desangran los territorios.
La inversión social histórica y la presencia institucional en zonas marginadas como La Guajira y el Pacífico también son para resaltar. Estas acciones de Estado han dado como resultado la disminución de muerte infantil por hambre y falta de agua potable en estos territorios.
La ampliación de zonas de protección ambiental, la entrega de predios por la SAE a organizaciones sociales y campesinas, el reconocimiento de campesinos como sujeto de derechos y la voluntad de implementar el Acuerdo Final de Paz como base de la política de “paz total”, son razones suficientes para defender a este gobierno de los intentos golpistas que se gestionan en el marco de un avance regional y latinoamericano de la derecha.
En un país que registra 9 millones de víctimas, deberíamos enfocarnos en pensar la reconciliación en todos los niveles. La marcha del 8 de febrero en defensa del gobierno es una expresión más de la voluntad pacifista del pueblo colombiano, agotado de tantas guerras y sediento de las paces que vendrán.
Finalmente, advertir que se hace necesario revisar el Plan Marco de Implementación y los Planes de Acción para la Transformación Regional. Y en este sentido es clave adoptar una política pública estatal permanente de convergencia regional con el fin avanzar en el propósito de la transformación de territorios PDET.
Se necesita una política de Estado permanente que busque la convergencia regional y la inclusión real de los territorios PDET en lo que Gaitán llamó el país político. Un avance importante es pasa por reconstruir la confianza de las comunidades PDET, ultrajadas por 6 años de incumplimiento sistemático.
Esperamos que la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU en el país sirva para darle un impulso definitivo a la política de paz que viene impulsando contra viento y marea este gobierno.
