Cuando pensamos que las cosas en Colombia no podían ser peores por cuenta del recrudecimiento de la violencia en los territorios, la mala imagen a nivel internacional tras el magnicidio del presidente de Haití, el mal manejo de la pandemia, la corrupción rampante, para la muestra un botón: el escandaloso y multimillonario contrato de MinTic con la Unión Temporal Centros Poblados, la persecución por parte del partido de gobierno a los Acuerdos de Paz de la Habana, la inseguridad reinante en todas las ciudades, nos enteramos ahora que, Colombia es el país más peligroso para los líderes ambientales, quienes ejercen la defensa del agua, el territorio, la naturaleza y la vida misma.
Un reciente informe de la ONG Británica Global Witness, da cuenta que nuestro país en cabeza la penosa cifra de ser la nación con los más altos índices de muertes de defensores del medio ambiente en el mundo. ¡Es una vergüenza!
No es posible que de 212 asesinatos a lideres ambientales sucedidos en todo el mundo durante el 2019, 64 de ellos, hayan sucedido en Colombia, eso es impresionante y causa enorme tristeza para quienes también defendemos la vida y la naturaleza. Ese vergonzoso ranking también lo lideran en su orden, después de Colombia, Filipinas con 43 víctimas, Brasil con 24, México con 18 y Honduras con 14. En conclusión, Colombia, según lo documentado por Global Witness, es el país más peligroso para ser ambientalista, una cruda radiografía, pero esa es la realidad.
Es decir, según el informe, uno de cada tres asesinatos a líderes ambientales sucede en Colombia ¡Por Dios! Y el gobierno nacional sigue literal, como la canción de Shakira “Ciego, sordo y mudo”, ante este desolador panorama.
Y es que en Colombia se volvió costumbre y hace carrera ya desde hace varios años que, defender la vida, los territorios, nuestra riqueza hídrica, nuestra biodiversidad, sea sinónimo de muerte y más triste aún, que muchos de esos asesinatos se quedan en la impunidad, como si a nadie le importara la vida de nuestra gente.
Fundamentalmente esta demostrado que, quienes asesinan son los grupos armados ilegales, pero también los que promueven minería ilegal, cultivos ilícitos, pero, sobre todo, los grandes deforestadores de la Amazonía, la Orinoquía y de otras regiones del país como Antioquia, que son ganaderos ilegales, acumuladores de tierras en un gran porcentaje, como lo indican los estudios y en otros casos los cultivadores de palma.
Entonces están actuando a sus anchas. El Estado, ni el gobierno, ni la Fiscalía, ni la Fuerza Pública, han logrado contener este grave fenómeno que cade vez va en aumento. Instrumentos importantes en esto es la aprobación del Tratado de Escazú, donde hay elementos fundamentales de protección de los líderes sociales, ambientalistas, esto no es un chiste, ni un capricho, pretender la aprobación de este Tratado.
Por eso nosotros hacemos este llamado para que nos concienticemos y promovamos cuanto antes la aprobación del Tratado de Escazú que tiene este tipo de contenidos.
Yo pienso que sería el mejor mensaje para contestar esto absolutamente negativo, pero también que en Colombia sea grave y que sea un delito absolutamente prioritario de perseguir por parte de las autoridades judiciales, entre todos tenemos que trabajar estos graves fenómenos que impactan directamente a Colombia de una forma negativa ante el mundo.
Escazú es un acuerdo firmado por 24 países y Colombia no pude seguir haciéndose el de la vista gorda con un asunto de tanta relevancia a nivel internacional, el Tratado de Escazú es considerado el primer tratado multilateral en América Latina y el Caribe sobre asuntos ambientales y que da apoyo a los derechos humanos en general y los ambientales en particular y sobre todo de acceso oportuno a la justicia en asuntos ambientales, además, que es el único tratado derivado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Río+20 y es el único en adoptar disposiciones puntuales para la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, además de garantizar los derechos de todas las personas a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
Ojalá en esta cuarta y última legislatura el Congreso no le siga dando la espalda a esta importante iniciativa y por el contrario ratifique este Tratado, para reivindicar la vida y los derechos de los líderes ambientales en Colombia, el país con la medalla de oro en muertes de los defensores de la vida, el territorio y el ambiente.
